Veracruz, el 1 en corrupción

Naldy Rodríguez

Transparencia 3.0

El informe general de la Cuenta Pública 2016, el último año del gobierno de Javier Duarte, refleja lo que ya sabíamos: que hubo un manejo de recursos unilateral y que se extendió una red de corrupción en diferentes áreas de la administración pública y que involucró al sector privado.

Tan solo en ese año, el monto observado de los recursos federales ejercidos en Veracruz por la Auditoria Superior de la Federación es de 19 mil millones de pesos. Esa cantidad es el total general e incluye las irregularidades en el gasto federalizado programable y en las participaciones federales que recibió el gobierno de Veracruz.

Las entidades federativas que tuvieron un mayor monto observado fueron Veracruz, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas. Y dos de esos estados se encuentran entre las cinco entidades que ejercieron más participaciones.

Al monto observable en las partidas federales debemos agregarle las irregularidades detectadas en la deuda pública de Veracruz. Hasta el 2016 ascendía a 45 mil millones de pesos. Ahí dice la ASF que encontró el probable desvío de recursos por 30 mil millones de pesos derivados de 15 créditos contratados de 2006 a 2015, es decir de la mitad del sexenio de Fidel herrera al penúltimo año de Duarte. Y no se acreditó el destino de los recursos.

Entre las edificaciones que sólo ocurrieron en el papel, se encuentran el Periférico del Sur de la ciudad de Xalapa, un Centro de Readaptación Social en el municipio de Medellín de Bravo y unas bodegas en las oficinas centrales del DIF Estatal.

Tan sólo entre diciembre de 2015 y de marzo a junio de 2016, se identificaron movimientos que derivaron en el probable desvío de recursos por 11 mil 600 millones de pesos. “La cuenta bancaria mediante la que se ejecutaron las operaciones no existe en el catálogo contable, ni en el listado de cuentas bancarias informadas en la Cuenta Pública 2016”.

En su momento, EL UNIVERSAL, reveló que no existía ninguna evidencia de la aplicación de 6 mil millones de pesos en proyectos productivos de dos de tres créditos bancarios que obtuvo Duarte con el aval del Congreso local.

También en diciembre de 2015, se acreditó el probable desvío de recursos por 2 mil 400 millones un crédito contratado a corto plazo, sin que se encontrara el destino del dinero.

De aquí surgen muchas preguntas: ¿Dónde quedaron los recursos?, ¿por qué las investigaciones no han alcanzado a otros personajes y ex funcionarios responsables del manejo de los recursos públicos?, ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo para percatarse del desvío de las partidas presupuestales y dinero obtenido de créditos bancarios?

Hay que aprender de los errores y no volver a repetirlos, ni autoridades ni ciudadanos. Por eso la insistencia de algunos de dar autonomía y “ciudadanizar” el Sistema Local Anticorrupción. Necesitamos instituciones sólidas, confiables y comprometidas que revisen y fiscalicen cada peso del presupuesto.

Es necesario insistir en que tenemos órganos “simuladores”. El más claro ejemplo es el Orfis, que en el sexenio de Duarte nunca vio las irregularidades que la ciudadanía y varios medios de comunicación denunciaban. El riesgo es que con el nuevo gobierno tampoco vea nada, porque debemos recordar que permanece en el cargo Antonio Portilla desde el 2012 a la fecha.

Los ciudadanos han confiado la tutela de sus “derechos” al Estado, han tolerado una democratización falsa e insuficiente, ha advertido Juan Ramón Capella, filósofo del derecho en su ensayo Los ciudadanos siervos.

“Los ciudadanos–siervos son los sujetos de los derechos sin poder. De la delegación en el Estado y el mercado. De la privatización individualista”.

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