Ricardo Vázquez S.
Esfera Política
Varios hechos en el acontecer nacional de los últimos días convergen en uno, en el tema que más ha golpeado y sigue lacerando a la población en varias entidades: el de la violencia. El asesinato de 94 actores políticos, entre aspirantes a un cargo de elección popular y autoridades no es por simple casualidad. La descomposición política en México traspasa cualquier barrera. La ambición desenfrenada, el desorden, el deterioro de la voluntad política y la falta de respeto a la población en el actual proceso electoral son “virtudes” que no tienen límites.
La lucha por el poder es encarnizada. Intoxican a la sociedad con sus aspiraciones. Utilizan a los ciudadanos cual carne de cañón; los confrontan unos a otros, se insultan y se agreden hasta que corra sangre. Las consecuencias no mienten.
En el proceso electoral en curso lo que más se ha sembrado y no termina es odio, hay contrincantes y sus colaboradores que han marcado color y tono de la contienda: el del insulto y la agresión por pensar de manera distinta. Hemos insistido sobre este fenómeno.
¿Se puede esperar una cosecha distinta cuando lo que más se ha sembrado es odio entre la población?
Por supuesto que no.
Anteriormente los diferentes grupos políticos eran los únicos que participaban y llegaban hasta donde querían en la lucha por el poder. Hoy se suman los grupos delincuenciales quienes también participan, pelean por sus intereses, reaccionan y exigen sus cupos de poder en determinadas regiones o municipios.
Pudiera haber candidatos que representen fuertes inconvenientes para cierto grupo delictivo; al mismo tiempo puede haber aspirantes a un cargo de elección popular que se identifiquen plenamente con los delincuentes y les garanticen el libre ejercicio. No es ningún secreto.
Las recientes detenciones y órdenes de aprehensión en curso en Veracruz vienen a confirmar que durante la Docena Trágica las autoridades estaban sujetos al mandato de los criminales. Ello explica por qué demasiadas desapariciones forzadas de personas.
Aún con todo el caos que se padece, hay quienes celebran que la Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre pasado, fue declarada inconstitucional por dos jueces federales que consideran que el estatuto pone en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos.
¿Y los derechos humanos de los ejecutados, desaparecidos, secuestrados, víctimas interminables?
Son los inconformes con todo, los que odian absolutamente todo, los que se oponen y rechazan que las Fuerzas Armadas estén en las calles enfrentando al crimen organizado, sin ofrecer ninguna otra alternativa de solución más que amor y paz. Mientras la milicia tiene que continuar enfrentando traiciones como la que acaba de ocurrir, una más, el pasado 8 de mayo en Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, en Guerrero, que en una emboscada realizada por un grupo armado contra un convoy de soldados del 34 Batallón de Infantería dejó al menos tres militares asesinados y tres heridos.
A escasos 45 días de que la gente salga a votar, las autoridades federales hacen un tardío llamado a candidatos y partidos políticos a mantener un diálogo respetuoso y a evitar que las diferencias se conviertan en encono o violencia.
Demasiado tarde reaccionó también el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al referirse a “la importancia de prevenir y combatir los discursos de odio en todas sus formas de expresión y alcances”, cuando lo que se ha sembrado y continúa es precisamente la siembra de odio entre la sociedad en general, al pretender hacerles creer: “Todos pertenecen a la mafia del poder, menos nosotros. Nosotros somos inmaculados”.
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