Salvador Muñoz
Los Políticos
La bajante de una nota de un portal de noticias no deja de ser tendenciosa. Dice, con respecto al nombramiento del Fiscal Anticorrupción y la intención de Cuitláhuac García de que tal se dé con la siguiente Legislatura y no en ésta: “Yunes Linares hizo la misma solicitud hace dos años y no se designó entonces”.
Digo que es “tendenciosa” porque da con esa bajante, un poder que lejos estuvo de tener el entonces Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Se engaña con la verdad al lector.
Es cierto, Yunes Linares hizo tal petición, pero la LXIII Legislatura no lo peló y aprovechando su mayoría, previamente, allá por mayo del 2016, aprobó la Ley Estatal Anticorrupción que contemplaba medidas como crear la Fiscalía Especial Anticorrupción, un Comité Coordinador, presupuesto fijo, y una legislación local acorde con los lineamientos federales, todo a partir de diciembre de 2016.
En una sociedad que cada vez lee menos las notas y más los titulares, con esa bajante, se va engañada.
Allá, a mediados de julio de ese 2016, todo estaba puesto para que el primer fiscal anticorrupción fuera Francisco “Pacotilla” Portilla Bonilla, pero de última hora, la comisión de Procuración de Justicia del Congreso local retiró la propuesta…
A lo mejor se acuerdan que por esas fechas, a punto estuvo un integrante de los 400 Pueblos de descalabrar a Ricardo Anaya, cuando él, Miguel Ángel Yunes (en su carácter de candidato ganador de las elecciones), y Santiago Creel, visitaron el Congreso local para precisamente tratar ese asunto. El Palacio de Encanto estaba sitiado por dicha organización que encabeza(ba) César del Ángel Fuentes.
No sé si motivado por la agresión que sufrieran los panistas o porque de plano, hubo el conocimiento por parte de los diputados de que estaban haciendo algo chueco (o ambas), pero se paró el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Dos meses después, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se echaría abajo la Ley Estatal Anticorrupción y todo lo que de ella emanara, basada la sentencia en una tesis simple: los congresos locales no pueden crear sistemas anticorrupción antes de que estén aprobadas las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción… es decir, aún no estaba aprobada la federal cuando ya en Veracruz, parecía que “se hacía una legislación a modo”, dijeran desde Los Pinos.
Sí, la petición de Miguel Ángel Yunes Linares en ese momento era por temor a que se designara como Fiscal Anticorrupción “a un cómplice” de Javier Duarte de Ochoa. Aunque no era el único caso: ahí estaba Gabriel Deantes más puesto que un calcetín para aterrizar en el IVAI.
A lo más, el “temor” que hoy pudieran tener los que llegan este diciembre al poder, es que su Fiscal Anticorrupción no sea afín a sus intereses. Es natural… como cuando un Director Técnico llega a un equipo de futbol con un equipo que él no designó, y sí, puede jugar una temporada con él pero al siguiente torneo, si puede, lo cambia totalmente por los que él cree que pueden jugar bajo su esquema…
A propósito de lo declarado hace unos días por el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de que él estaba facultado para proponer magistrados y el Congreso local, para designar Fiscal Anticorrupción, un amigo escribió: “legalmente correcto; políticamente incorrecto”. El silogismo tendría que resolverse entonces así: ¿aplicar la política pero no la Ley?
Al final, todo se sujeta a hacer lo que dicta la Ley. El Fiscal Anticorrupción se le vino abajo a Duarte porque su desarrollo y ejecución fue ilegal. Ahora, el único pretexto que tendría el Congreso de Veracruz para no designar al Fiscal es que el PRI hiciera alianza con Morena, evitando que entrara en el orden del día para evitar su discusión… lo que de darse, se confirmarían las sospechas: el PRI-Mor es una realidad que ha de gobernar Veracruz.
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