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    Felipe de Jesús Fernández Basilio

    Desde a Janela

     

     

    Recientemente en Veracruz se presentó un caso más de una designación para encabezar un “Órgano Autónomo” hecha a gusto de la fuerza gobernante y eso no solo es exclusivo del estado, sino que se hace en todo el país y en los próximos años se hará aún más.

    El caso al que me refiero es el de la designación del fiscal anticorrupción en el estado, la cual fue hecha al trancazo y de manera que hasta la legalidad de la misma está en duda y serán los tribunales los que en su momento determinen sí fue hecha conforme a derecho o no, ya que seguramente dicha designación quedará subjudice en virtud de que será impugnada por los inconformes.

    La razón por la que se hizo así es como siempre sucede en estos casos, por cuestiones políticas, ya que el gobierno saliente quiere dejar a alguien afín en ese cargo para por un lado cubrirse las espaldas y por el otro para tratar de limitar al próximo gobierno, sobre todo ahora que éste va a ser de otro signo político.

    Como ya dijimos la legalidad de ese nombramiento va ser resuelta por los tribunales, ya que hay argumentos escudados en la Constitución del Estado tanto en favor como en contra de la manera en que se hizo el nombramiento de marras que hacen necesaria la intervención de los juzgadores para dirimir la controversia y en cuanto a la ética del mismo, podemos decir que de igual manera está controvertida, ya que si bien es cierto que el gobierno actual hizo el nombramiento a modo también lo es que el próximo lo haría de la misma manera, es decir a su modo, siendo el resultado exactamente el mismo.

    Y esa ha sido la historia recurrente en este país cuando se requiere designar a ministros de la Corte, a los fiscales, a los consejeros del INE, del IFAI, de la CNDH o de sus equivalentes locales en las 32 entidades federativas y ello es así, porque no se ha encontrado una manera diferente a la política para hacer esas designaciones; ya que invariablemente, salvo el caso de organismos irrelevantes, la fórmula es que los dos poderes que son electos por sufragio universal (el ejecutivo y el legislativo) son los encargados de llevar a cabo dichos nombramientos.

    Siendo la mecánica la siguiente: el titular del Ejecutivo hace la propuesta individual o en terna según sea el caso y el Congreso o una de sus cámaras si el nombramiento es federal, ratifica o selecciona dentro de la terna propuesta al que será finalmente designado.

    Lo anterior nos da como resultado que el nombramiento que se haga siempre estará sujeto a los vaivenes de la política y será que quien o quienes tengan las mayorías los hagan a su conveniencia y si no hay mayorías, los organismos autónomos quedarán durante meses o hasta años acéfalos o sin la totalidad de sus miembros, tal y como le ocurrió hace algunos años a la Suprema Corte de Justicia que se quedó durante un buen tiempo sin varios ministros o como ocurre ahora con el Fiscal General de la República que no ha sido nombrado por falta de consensos en el Senado de la República y un tercer caso que se da es cuando el gobernante no tiene la mayoría necesaria y construye alianzas para lograrla, lo que trae como resultado que los nombramientos se repartan entre el gobierno y quienes se suman a su causa, mas éste método opera solo cuando son varios los nombramientos que se requieren hacer y así hay la posibilidad de repartirse las designaciones.

    Otros países han enfrentado el problema con diversos métodos de selección y tenemos que se usan la elección y/o ratificación popular para algunos cargos como los fiscales y jueces en algunos estados de los Estados Unidos o las designaciones por juntas de Notables o de personas o asociaciones civiles directamente involucradas con el funcionario a designar o incluso las designaciones son hechas directamente por el Monarca o por el Jefe de Estado apartidista en los Estados con régimen parlamentario a propuesta de dichas asociaciones civiles, de universidades o de colegios de profesionistas; en fin, hay muchas maneras de llevar a cabo las designaciones y quizá alguna de ellas sea mejor que la política que tenemos en la Constitución, mas también hay que reconocer que ninguna es infalible, ya que de alguna manera siempre estarán expuestas a las presiones del poder o al populismo.

    En conclusión, aunque no hay una manera infalible de designar a los miembros de los organismos autónomos, considero que vale la pena explorar alguna otra vía que haga que esa designación sea lo más lejana posible a los gobernantes en turno en aras de lograr que dichos organismos sean realmente autónomos y una buena manera de hacerlo es sacar por completo a los poderes ejecutivo y legislativo de la selección y designación de sus titulares. felfebas@gmail.com

    Twitter: @FelipeFBasilio

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