Ricardo Vázquez S.
Esfera Política
A 67 días que asuma el poder el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, lapso en que la delincuencia organizada continuará avanzando y fortaleciéndose en varias regiones del país, en particular en la Ciudad de México, donde los que anteriormente eran autoridades capitalinas o jefes delegacionales, en la actualidad convertidos en diputados federales o senadores, negaban en repetidas ocasiones que en la capital del país existieran cárteles. Hoy parece no haber nada que detenga al crimen organizado. Ya con su investidura de legisladores federales, los exfuncionarios, envalentonados se desgarran las vestiduras para declarar quejumbrosos que sí existen cárteles y que por lo mismo hay guerra entre estos.
Existe preocupación entre habitantes de la CDMX y de otras entidades, por el plan de paz y reconciliación que se pretende poner en marcha a partir del primero de diciembre: “Perdón sí, olvido no”, repite el presidente electo. La intención de la medida con la que aspiran abatir la violencia e inseguridad en México ha entrado sigue generando serias dudas respecto a los resultados esperados. Los hechos que están ocurriendo en estos momentos en Colombia, han revelado el fracaso contundente del acuerdo de paz con las FARC. En estos días la producción de cocaína está en un nivel récord en aquel país, la violencia se ha vuelto a recrudecer. A diferencia de nuestra nación, en Colombia la situación y las condiciones que se vivían eran menos complicadas, había un solo líder de las FARC, lo que dio lugar a la firma de acuerdo hace casi dos años. En México, además de que no se le encuentra la cuadratura a la forma en que se pueda establecer un acuerdo de amor y paz, otro factor ineludible es que la DEA continuará con sus investigaciones y exigencias de extradición de integrantes del crimen organizado, así como de actores políticos involucrados con los delincuentes. Por supuesto que para las autoridades estadounidenses no habrán de otorgarles ni perdón ni olvido a los criminales y sus cómplices.
¿Pero qué tiene que ver todo lo anterior con el título de esta columna?
Simplemente todo. Absolutamente todo.
Los sucesos demuestran que a lo largo de la historia de México ha habido actores políticos, en los tres niveles de gobierno, que se han encargado de denigrar la ceremonia de Toma de Protesta al asumir el poder. En un tiempo se consideraba una sesión de solemnidad. Al momento del juramento de posesión, de manera simultánea, en ese preciso instante el “servidor público” debutante en el nuevo encargo, pasa por su mente aquella frase canónica que dejó como herencia para el sistema político mexicano, el fundador del Grupo Atlacomulco, Carlos Hank González: “Un político pobre es un pobre político. ¡A dejar atrás la pobreza o la medianía. A darle al saqueo! No se entiende y es inapropiado, porqué le llaman “enriquecimiento inexplicable”, de un funcionario, cuando las acciones exponen que es totalmente explicable. El atraco es el pensamiento que invade al actor político al momento de tener el brazo derecho extendido y jurar: ”Protesto guardar y hacer guardar la Constitución, bla, bla, bla,… Si no, que la nación me lo demande”.
La toma de protesta se ha convertido en un mero acto para cumplir un protocolo, un requisito. En la gran mayoría, la sesión para jurar guardar las leyes es una celebración personal, familiar y de grupo, ajeno por completo a asumir un compromiso serio, responsable.
Una vez que se rinde Protesta, viene el discurso de apertura. Las palabras de la primer perorata son impresionantes, con las que “casi” convencen a los ciudadanos.
“Vamos Tamaulipas por una economía dinámica… Vamos contra la pobreza y la marginación. Vamos Tamaulipas para que en cada comunidad haya calles seguras y hogares tranquilos….Vamos tamaulipecos por el futuro. Hoy arrancamos”, se comprometió en 1999 al asumir el poder como gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba, detenido en Italia y extraditado a Estados Unidos en abril pasado. Podría enfrentar cadena perpetua por narcotráfico y extorsión entre otros cargos.
“Mi principal tarea será fortalecer lo que ya se viene haciendo bien, y revalorar todo aquello que a juicio de la ciudadanía pueda ser proyectado. Entregar buenas cuentas a Fausto Vallejo y a la ciudadanía será mi compromiso irrenunciable”, manifestó Jesús Reyna García al asumir la gubernatura interina de , en sustitución de Vallejo. Reyna fue detenido en mayo de 2014 acusado de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, de haberse coludido con jefes del Cártel Los Caballeros Templarios.
“Acudo ante esta honorable representación a rendir protesta como gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo hago con profunda emoción política y plena confianza de la responsabilidad que asumo, lo hago convencido de que hoy inicia una nueva etapa para la vida de Veracruz”, dijo Javier Duarte de Ochoa. Los acontecimientos y las consecuencias está de sobra mencionarlas.
“Me comprometo a trabajar para la grandeza del estado, “sin pretextos y sin soberbia”, sino con responsabilidad, humildad, diálogo fecundo, sin descanso, con esfuerzo cotidiano y negociación respetuosa, y a convertir las palabras en acciones, realidades y resultados”, vaciló Fidel Herrera Beltrán aquel 1 de diciembre de 2004, en la inauguración de la Docena Trágica, época de las peores bestialidades cometidas en esas dos administraciones estatales en Veracruz.
Son numerosos los casos de comedia satírica, dantesca, de esta naturaleza, en los que han sido participes secretarios de despacho, alcaldes, funcionarios de primer y medio pelo.
¿Ha sido o no el acto de Toma de Protesta en infinidad de casos un simple acto bufón, sarcástico?
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