Habrá alguna empresa transnacional petrolera que llegue a estar interesada en contar con los servicios del ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, una vez que concluya su cargo. Habrá alguna empresa internacional de la industria eléctrica que pueda interesarle contar con la “experiencia” del dinosaurio, ideólogo Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE. Se atreverán los directivos de un instituto de ciencia y tecnología, de este país o de algún otro a contar con la “capacidad” del grillo David Alexir Ledesma, quien cursa el tercer semestre de licenciatura en Comunicación; de Edith Arrieta Meza, quien ostenta la licenciatura en diseño de modas, que hasta hace apenas unas horas desempeñaban los cargos de subdirector de Comunicación e Información Estratégica y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, respectivamente, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. O por María Chávez García, que únicamente con secundaria ocupa el cargo de secretaria administrativa del fondo sectorial CONACYT-SENER, de la Secretaría de Energía.
Imposible que pudieran existir ejecutivos de algún organismo de la iniciativa privada que estuvieran interesados en contratar los servicios de alguna de estas cinco personas, que al igual que estos, hacia abajo podría haber cientos más que no reúnen el perfil para ocupar determinado cargo público.
Por lo pronto pueden estar tranquilos en la cúpula de poder por tener la certeza que ninguno de estos funcionarios serán “chapulines fifís”; es decir, que la iniciativa de Ley que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que ningún funcionario pueda ocupar un cargo en el sector privado relacionado con su cargo público, hasta diez años después de haber terminado su gestión, con estos funcionarios y posiblemente con muchos más no habrá problema; aunque no se entienda porqué razón se va a impedir que personas con curriculum impresionante, con amplísima experiencia en determinada área pase a las filas de la iniciativa privada, de reprimir que puedan continuar ganándose el sustento decorosamente. De aprobarse la propuesta, lo que van a ocasionar es incentivar la fuga de cerebros, gente sumamente valiosa para el país.
Fue a principios del siglo pasado cuando José Ortega y Gasset dio forma a aquel aforismo: Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes. Posteriormente, en 1960, Laurence J. Peter, en el estudio sobre las jerarquías en las organizaciones modernas concluyó que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo, y alcanzan su máximo nivel de incompetencia, afirmación conocida como el principio de Peter.
Si bien es cierto que ambas aseveraciones no encajan a la perfección a las referencias que hacemos en el primer párrafo, en estos y en muchos más casos en la actual administración federal y en estatales, es por el hecho de que hoy en día hay funcionarios que están ocupando cargos de áreas que desconocen por completo. Es decir, son personajes que no fueron ascendidos de nivel jerárquico. Simplemente fueron impuestos para desarrollar una función sin importar que carecen de toda preparación y experiencia. Es la indeseable incompetencia, lo que concluyen José Ortega y Laurence J. Peter.
El nepotismo -preferencia de algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar que no estén preparados para ocupar el cargo, sino que sean simpatizantes del grupo en el poder-, no es nuevo el fenómeno, por supuesto que no.
La gravedad de la anomalía es que en la actualidad se ha agudizado; ha invadido posiciones claves en las que resultará inconveniente improvisar con gentes que les será imposible tener un desempeño eficiente, lo que podría provocar, además de gasto infructuoso, propuesta de proyectos poco o nada rentables, pérdida de tiempo, retraso en el desarrollo de determinados sectores, poco o nulo crecimiento económico, además de lo anterior, en puestos sumamente delicados en los que se requiere experiencia como es el caso de seguridad pública, los resultados podrían ser lamentables para la población.
El huachicoleo representa pérdidas por el orden de los 60 mil millones de pesos al año, sin embargo, el nepotismo, la incompetencia y la ineficiencia, no solo pueden representar esa misma cifra multiplicada por diez; también puede costar la vida de miles de personas inocentes cada año, dado el ambiente de violencia e inseguridad recrudecido en determinadas regiones.
Igual que en la Antigua China, el imperio romano tampoco escapó a los escándalos de nepotismo. El caso de Pompeyo y su quinto suegro, Metelo Escipión, a quien le cedió dos legiones, sin importarle que Escipión fuera un perfecto inepto en cuestiones militares, dio lugar a que el caso fuera denunciado ante el Senado por Marco Antonio, un tribuno de la plebe favorable a César, pero no se pudo hacer nada debido a que el Senado, en esos momentos estaba dominado por los boni («hombres buenos» en latín) fue perversamente utilizado por varios líderes políticos en la época final de la República romana.
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