Posicionamiento del Comité de Participación Ciudadana ante los señalamientos de los integrantes del Órgano de Gobierno del SEA
A la opinión pública veracruzana:
La creación del Sistema Estatal Anticorrupción forma parte de un gran esfuerzo nacional para consolidar un esquema de coordinación institucional y de la sociedad que permita combatir frontalmente el fenómeno de la corrupción que tanto ha dañado el tejido social y ha generado una creciente desconfianza ciudadana hacia los gobiernos y las instituciones públicas en todo el país y en Veracruz.
Con la operación del Sistema Anticorrupción en sus vertientes nacional y estatal quedó de manifiesto en las leyes que le dieron vida institucional que su funcionamiento debía contar con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de manera contundente este problema ampliamente generalizado.
Es, con toda claridad, un mecanismo de coordinación que fue diseñado para ser presidido por los ciudadanos y que debe servir a los ciudadanos. La integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, previsto en el artículo 67 Bis de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en la Ley número 348 no deja lugar a dudas de ello.
De ahí que sea la tarea de los ciudadanos que conforman el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal, y el mandato legal que rige su actuación, el proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar el funcionamiento del Sistema Anticorrupción y convocar a la participación social para el cumplimiento de sus objetivos.
Sin embargo, desde el inicio de sus funciones ha sido evidente la resistencia que han mostrado los titulares de los órganos y entes públicos que conforman el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema para el desarrollo de esas tareas. Y más allá de ello, ha sido pública y notoria la intención de desacreditar a sus integrantes y cuestionar u obstaculizar, sin más fundamento que la mayoría que tienen en la toma de decisiones, toda propuesta realizada por el Comité de Participación Ciudadana.
Con motivo de los ajustes realizados al presupuesto de egresos para el año 2019 por la LXV Legislatura del Congreso del Estado, que implicó un recorte de 50 por ciento del mismo, el presidente del Órgano de Gobierno, que es a su vez el presidente del Comité de Participación Ciudadana, determinó convocar desde principios del mes de marzo a los titulares de los entes públicos que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, a reunirse de manera extraordinaria y urgente para determinar las medidas de ajuste del gasto o en su caso a valorar la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal para estar en condiciones de contar con los recursos suficientes para desarrollar las acciones que prevé la ley y cumplir con las directrices del Sistema Nacional en la materia.
No obstante, lejos de atender con prontitud, seriedad y compromiso este tema fundamental, la respuesta han sido dilaciones para entrar en materia y ha quedado claro que la prioridad para los integrantes del Órgano de Gobierno ha sido y es la designación del Secretario Técnico, el funcionario que preside la Secretaría Ejecutiva, el organismo público descentralizado auxiliar del Sistema, y se han negado a revisar las propuestas de ajuste y las medidas administrativas para hacer frente al recorte presupuestal, bajo el argumento de que no se cumplen formalidades en cuanto a las convocatorias para sesionar. Han privilegiado, a todas luces, el nombramiento de un funcionario, que debe surgir, de acuerdo a la ley, de una terna propuesta del presidente del Comité de Participación Ciudadana, tras la deliberación de los integrantes de ese órgano colegiado, por encima de los objetivos centrales del Sistema.
Ahora ante una nueva negativa para entrar en el fondo del análisis de la propuesta de ajuste presupuestal en la sesión extraordinaria celebrada este martes 23 del presente y, sobre todo, ante su insistencia de que se presente ya la terna para elegir al Secretario Técnico, han hecho público un pronunciamiento suscrito por Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; Leslie Mónica Garibo Puga, Titular de la Contraloría General del Estado; Yolli García Álvarez, Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Pedro José María García Montañez, Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz; Carla Rodríguez González, Representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; y Marcos Even Zamudio Torres, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el que se hacen aseveraciones que faltan el respeto al personal que labora en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, señalando que carecen de “voluntad, convicción, profesionalismo, objetividad, eficiencia, eficacia, transparencia e integridad”. Argumentos que lesionan a trabajadoras y trabajadores que han realizado su mayor esfuerzo en las tareas encomendadas y que no merecen esos calificativos que rechazamos categóricamente.
Lo evidente es que no permiten, con argumentos banales, que el Sistema funcione como lo marca ley.
Ahora ante esta nueva y desproporcionada descalificación y la afirmación de que existen irregularidades e ilegalidades en el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva, el Comité de Participación Ciudadana manifiesta que están en curso auditorías por parte del Órgano Superior de Fiscalización y del Órgano Interno de Control dependiente de la Contraloría General del Estado, donde habrá de dilucidarse, en apego a la ley, cualquier duda sobre este tema. Pero esas auditorías están en curso y no se pueden anticipar conclusiones, como lo hacen en su posicionamiento y en diversas declaraciones públicas de algunos de los integrantes del Órgano de Gobierno en las que han sido enfáticos en señalar presuntos actos de corrupción al interior del Sistema.
El Comité de Participación Ciudadana refrenda su compromiso con la sociedad veracruzana y la convoca a hacer un frente común en la tarea de fortalecer el naciente Sistema Estatal Anticorrupción que, debe subrayarse, no puede estar sujeto a agendas particulares, visiones patrimonialistas o a cualquier intento de capturar o mediatizar el Sistema.
Tenemos claro que no es fácil para muchos servidores públicos entender que un grupo de ciudadanos cuenta con atribuciones legales para recoger denuncias de la sociedad y hacerlas del conocimiento de las autoridades, solicitar a los propios integrantes del Órgano de Gobierno informes respecto a sus actuaciones, o recordarles que son justamente los responsables de las instancias encargadas de las tareas de prevención, fiscalización y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción en quienes recae el funcionamiento del Sistema.
Esta tarea que hemos venido cumpliendo puntualmente es lo que ha causado molestia e incomodidad, pero que no justifica en modo alguno que se busque desacreditar al Comité de Participación Ciudadana, a los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva y a poner en entredicho su credibilidad y, consecuentemente, a minar la confianza de la sociedad en el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz en su conjunto.
La responsabilidad de detectar, investigar y sancionar por la vía administrativa o penal las faltas o los hechos de corrupción es tarea de las autoridades. Los ciudadanos solo somos vigilantes de que ello se cumpla.
El combate a la corrupción no admite simulaciones. Es una exigencia ciudadana y compromiso del gobierno de la República y del gobierno de Veracruz.
En el Comité de Participación Ciudadana lo tenemos claro y nuestra actuación ha ido e irá invariablemente en ese sentido.
Atentamente
Xalapa, Veracruz 23 de abril de 2019
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
de Veracruz de Ignacio de la Llave
Sergio Vázquez Jiménez
Presidente
Alma Delia Hernández Sánchez
José Emilio Cárdenas Escobosa
José Jorge Eufracio
Aarón Ojeda Jimeno
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