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    Felipe de Jesús Fernández Basilio

    Desde A Janela

    Esta vez vamos a abordar dos casos que están ocurriendo en lugares diferentes pero que son emblemáticos de la manera en que las autoridades actuales operan cuando se trata de perseguir a alguien hasta lograr de ser posible su destrucción.

    El primero de ellos es un caso criminal y ocurrió en la Ciudad de México, se trata de la maestra Mónica García Naranjo, quien fuera la dueña y directora del Colegio Enrique Rébsamen, escuela cuyo edificio colapsó en el sismo ocurrido el día 19 de septiembre de 2017 y a quien acusan por el homicidio culposo de 26 personas, de las cuales 19 eran menores de edad y el resto adultos.

    Sin embargo, lo curioso de este asunto no es que se le haya hecho comparecer ante la autoridad judicial, ya que siempre es necesario esclarecer los hechos cuando hay la probable comisión de cualquier delito, mas lo que sí es de llamar la atención es la manera en que se lanzaron en su persecución y después de ello el teatro que montaron las autoridades ministeriales de la Ciudad de México en relación a su captura.

    Ya que en tratándose de una persona perseguida por homicidio culposo y falsificación de documentos, ofrecer una recompensa de 5 millones de pesos a quien diera información acerca de su paradero, es verdaderamente exagerado y más en un país en donde el crimen organizado campea a sus anchas y ni de chiste se ofrece una recompensa que se acerque a esa cifra para quien ayude esclarecer homicidios cometidos a sangre fría y conseguir identificar y aprehender a quienes los cometen.

    Porque hay que distinguir entre el dolo o intención de cometer un homicidio y la simple culpa, que en materia criminal es un descuido y aun sin descartar que solo se trate de un caso fortuito lo ocurrido ese trágico día en ese colegio; ya que el origen de la tragedia fue una catástrofe natural, no un hecho provocado intencionalmente por una persona y al parecer la hoy imputada tampoco tenía los conocimientos técnicos en construcción para poder prevenir dentro de lo humanamente posible la desgracia ocurrida.

    Mas de momento lo preocupante es que se persiga de esa manera a una persona de la que en verdad no se sabe siquiera si es culpable de los delitos que se le imputan y más que las presiones para lograr su captura se hayan incrementado ante la proximidad de un amparo solicitado por la entonces defensa de la maestra; presión que se dio hasta el grado de que el medio hermano de la buscada, haya contactado a diversas autoridades de la ciudad y sea el quien vaya a cobrar la recompensa con la consiguiente traición familiar y el regodeo de las autoridades capitalinas; no cabe duda que ¡Poderoso caballero es Don Dinero!

    El otro caso que comentaremos en esta ocasión es político y ocurre en el estado de Veracruz, en donde para variar el villano es el fiscal general del estado, quien es perseguido compulsivamente por el gobernador y por lo mismo quizá sea al día de hoy la persona más famosa del estado.

    Pues resulta que después de fracasar en el juicio político intentado en su contra, ahora el gobierno del estado lo acusa ante la Fiscalía General de la República por presuntamente haber torturado a un imputado durante su estancia en el reclusorio.

    Acusación que derivan de una recomendación hecha por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¡Vaya existe ese organismo! Ya que tiene años que no interviene en nada y ahora curiosamente aparece y señala en una recomendación que el hoy fiscal regional de Jalapa, quien por cierto fuera pupilo y colaborador muy cercano de la titular de esa comisión, (con lo cual también se nota que los afectos y agradecimientos tienen un límite), torturó en las instalaciones del reclusorio a un detenido y por lo mismo dicen que el fiscal general del estado al ser su superior jerárquico también es responsable de ello.

    Lo cual está por verse si es cierto o no, ya que quien está a cargo de los reclusorios y por ende de los reclusos es la Secretaría de Seguridad Pública y no la fiscalía General del Estado,

    Mas por si no bastara con lo anterior, también se acusa al fiscal de haber ocultado un gran número de órdenes de aprehensión, acusación en la que se suma el camaleónico presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien primero fue seguidor de Herrera a quien le debe la magistratura que ostenta, luego lo fue de Yunes a quien le debe la presidencia del tribunal y ahora se suma al gobierno actual para posiblemente tratar de repetir en ambas cosas.

    En fin, aquí vemos dos ejemplos de la forma en que los gobiernos de Morena tratan de perseguir, acosar e intimidar tanto a quienes tienen en la mira como a quienes los apoyan, ya que en el primer caso consiguieron la captura ofreciendo una suma de dinero que resultó irresistible para los familiares y en el segundo caso tenemos que se ofrecen todo tipo de recompensas con tal de acabar con el fiscal, destruyéndose de paso amistades y lealtades como las que había entre la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el hoy Fiscal Regional de Jalapa.

    felfebas@gmail.com

    Twitter: @FelipeFBasilio

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