Luis Alberto Romero
Hora cero
En noviembre de 2018, seis elementos de la Policía Preventiva Municipal de Orizaba fueron detenidos y señalados por dar muerte a dos jóvenes de ese lugar; eran dos hermanos, uno médico y otro profesor de telesecundaria.
Las víctimas fueron asesinadas cuando se encontraban prácticamente en las goteras de su domicilio.
De acuerdo con los deudos de los jóvenes, los elementos de la policía no sólo abrieron fuego, sino que sembraron armas para justificar la agresión.
Producto de esos hechos, los seis elementos presuntamente involucrados fueron detenidos.
El caso, por obvias razones, provocó la indignación social, dado que se trataba de profesionistas que nada tenían que ver con actividades delincuenciales, por lo que el hecho fue percibido por los vecinos del lugar como un crimen artero.
Siete meses después de ese doble asesinato, en Orizaba recordaron esos lamentables hechos; familiares, amigos y, en general personas indignadas por la actuación de quienes se supone que deberían impartir justicia, se manifestaron con una marcha.
Reprocharon que el juez Tomás Zurita, del Juzgado Decimosexto de Distrito, concedió un amparo a uno de los policías implicados, lo que abre la puerta que los demás involucrados consigan en mismo beneficio, a pesar de que originalmente se les habían dictado dos años de prisión preventiva.
La marcha de protesta se efectuó este viernes en Córdoba y terminó con una manifestación justo frente a las oficinas del juez que otorgó el amparo; en esas instalaciones colocaron cartulinas y letreros en que reprochan la actuación del citado integrante del Poder Judicial de Veracruz. De igual manera, exigieron que el amparo sea revisado y que intervenga el Consejo de la Judicatura para revisar el expediente.
En ese contexto, si bien ese llamado de alerta que surge en la zona centro está relacionado con el caso específico de los policías señalados por ese doble asesinato; en la protesta de este viernes participaron otras víctimas de delincuentes que han salido o están en proceso de obtener amparos del mismo juez.
Se trata de personas que han sido víctimas de delitos como secuestro en Orizaba, Córdoba, Fortín y Huatusco, entre otros municipios de la zona, quienes reprochan al juez Zurita una actuación digamos sospechosa.
La gente que se manifestó está indignada, con justa razón, porque los delincuentes son detenidos, entran a prisión y salen con mucha facilidad; la puerta giratoria, le llaman.
Ojalá el Poder Judicial investigue el caso y revise los expedientes, así como la actuación del juez que parece especializado en liberar delincuentes; porque casos como el de Córdoba fortalecen la percepción de que muchos jueces y magistrados son poco confiables.
En octubre de 2018, la casa encuestadora Consulta Mitofsky difundió un interesante estudio sobre la confianza en las instituciones de nuestro país; en una escala de 1 a 10, jueces y magistrados obtuvieron 6.1.
La corte se ubicó como una de las peores instituciones de México en cuanto al nivel de confianza que inspira a los ciudadanos; esa percepción, indeseable para una institución como la Suprema Corte, es alentada aún más por casos como el de la zona centro de Veracruz, donde la población ve con suspicacias la actuación del juez del Juzgado Decimosexto de Distrito. La pregunta es, ante tantas quejas, ¿qué esperan el Poder Judicial y la Judicatura para actuar al respecto?. @luisromero85
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