Con el fin de tener una contabilización real acerca de los casos positivos de COVID-19 y con ello implementar acciones concretas para su tratamiento, el Gobierno de Veracruz debe permitir que los laboratorios particulares realicen pruebas y dejar de amenazarlos con sanciones o cierres, destacó la diputada María de Jesús Martínez Díaz.
Al respecto, la legisladora señaló que es irresponsable que las autoridades sanitarias limiten a la jurisdicción pública tales acciones, pues con ello estarían igualmente limitando la posibilidad de acceso a los veracruzanos al derecho constitucional de la salud, máxime que los focos de propagación incrementarían en el entorno del posible enfermo.
Indicó que en un momento de crisis como el que atraviesa el país, es necesario acercar los medios a la población y no condicionarlos a que realicen travesías que en muchos casos no pueden costear de manera paralela.
En razón de ello, la diputada solicitó al gobierno estatal rectificar tal decisión y en su caso adoptar medidas que otras entidades ya han puesto en marcha, como el caso de Jalisco, que iniciará la aplicación masiva de pruebas rápidas para detectar la enfermedad en el marco de la declaratoria de la Fase 2 en el país, donde los contagios locales aumentarán.
Martínez Díaz recordó que la bancada del GLPAN es una una oposición responsable que ha sumado esfuerzos con la actual administración por cuanto hace a la aprobación del presupuesto para Veracruz, por lo que destacó que de ser necesario, estarían en la disposición de apoyar modificaciones en materia de salud que se traduzcan en la atención inmediata a este problema.
Finalmente, enfatizó que a estas medidas deben agregarse otras, creadas desde la Secretaría de Finanzas y Planeación para apoyar al sector empresarial de la entidad que es uno de los más afectados y no enviar un mensaje negativo como el manifestado en días pasados por la autoridad estatal.
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