Salvador Muñoz
Los Políticos
“He girado instrucciones a la Contraloría General del Estado, así como he pedido a la Fiscalía Anticorrupción que en el marco de sus atribuciones, actúen conforme a derecho en el caso de la hoy ex secretaria del Trabajo, Guadalupe Argüelles, por el uso indebido de recursos públicos; del mismo modo, al Sistema Estatal Anticorrupción, solicito dé seguimiento puntual al asunto; por otro lado, a la Fiscalía General de la República igual exijo, si hay lugar a procedencia, se investigue y actúe contra el ciudadano que llevaba enervantes en una unidad vehicular de una dependencia del Gobierno del Estado”, así más o menos nos hubiera gustado oír a Cuitláhuac García Jiménez ante el evento donde se involucró al hijo de la morenista hoy ex funcionaria sorprendido en un carro oficial, en estado de ebriedad así como en posesión de enervantes… ¡pero no!
Para no variar, escuchamos un discurso solapador, alcahuete, salida fácil, como el siguiente: «El día de hoy he aceptado la renuncia de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Licenciada Guadalupe Argüelles Lozano, por asuntos del ámbito personal que requieren de su atención y de manera temporal como encargada de despacho he designado a la C. Diana Aróstegui».
Claro que si le damos el beneficio de la duda al Gobernador, uno supone que si nos atenemos al ejercicio libre y soberano de la Contraloría, ésta simplemente estaría aplicando la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que a vuelo de pájaro, en su capítulo I, fracción III, dice que las Obligaciones de los Servidores Públicos son: Utilizar exclusivamente para los fines a que están afectos, los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión (…).
Bueno, pero no nos emocionemos tanto… pues en dicha Ley, si acaso la Contralora encontrara lugar a sanción, podría aplicar cualquiera de estos cinco casos, ahora sí, dependiendo del tamaño de la falta: Apercibimiento privado o público (¡huy, qué feo!), Amonestación privada o pública (¡Huy, qué miedo!), Suspensión (¡qué castigote!); Destitución del puesto (se amarró el dedo y ella renunció); Sanción económica, cuando se haya causado un daño patrimonial u obtenido un lucro (se obtuvo un “churro”) o Inhabilitación “temporal” para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público (el entrecomillado es nuestro)… aunque para ello, habrá que esperar que la Contraloría actúe, claro, sin que el gobernador se lo demande y simplemente entienda que es parte de su chamba y si acaso piensa que porque ya no está Guadalupe Argüelles al frente de la dependencia, habría que recordarle que si no actúa, igual es una forma de evadir su responsabilidad.
Por lo mientras, en lo que se sabe, en el Sistema Estatal Anticorrupción, Emilio Cárdenas Escobosa, como integrante de tal, pedirá a la Contraloría del Estado un informe de las actuaciones que lleve a cabo sobre este caso, y harán una recomendación para que se sancione en lo que corresponda.
Se cuece aparte el caso de Efrén, el joven detenido en Chicontepec, en posesión de un vehículo oficial y con droga, quien suponemos que debe enfrentar a la Ley por lo que le resulte, aunque es claro que siendo tan juaristas en la Cuarta Transformación, hemos de tener un caso más de “Justicia y Gracia para mis morenos…”
En serio, cómo nos hubiera gustado oír a Cuic de otra forma… pero ni modo, por eso nos atrevemos a decirle que no basta que Guadalupe haya presentado su renuncia y colorín colorado… eso no basta… pero para Esteban Ramírez Zepeta, sí.
smcainito@gmail.com
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