Destacado

    Felipe de Jesús Fernández Basilio
    Desde A Janela
    Desde que comenzó la pandemia de la covid-19 cada que llega un mes con él llegan las circulares emitidas por los consejos de las judicaturas locales y federal, las cuales contienen acuerdos que amplían el periodo de suspensión de labores de los juzgados y tribunales a su cargo y con ello pese a lo que digan dejan sin acceso a la impartición de justicia a millones de personas.

    Este es un tema que poco se comenta en los medios de comunicación y tal vez por ello es que siguen cometiendo esas arbitrariedades, no hay otra manera de llamar a esos cierres de juzgados, sin embargo y a pesar de esa escasa cobertura informativa el acceso a la impartición de justicia es un derecho humano que bajo ningún pretexto puede ser denegado y lo que está aconteciendo debe de denunciarse abiertamente.

    Lo anterior lo sostengo porque el ser humano al vivir en sociedad siempre estará expuesto a vivir conflictos de diversa índole y estos van desde los más superfluos hasta verdaderas tragedias cuya solución debe de ser dada con la mayor brevedad posible y hecha cumplir por el Estado y si esto no sucede así lo que privará será la ley del más fuerte y con ello la justicia racional será sustituida por la justicia que da la fuerza, es decir viviríamos como la mayoría de los animales lo hace.

    Para evitar lo anterior, prácticamente desde su origen la humanidad diseño sistemas jurídicos, unos más avanzados que otros pero que todos fueron encaminados para vigilar la existencia de una sana convivencia entre los individuos que conforman una sociedad, claro que con el tiempo las sociedades se fueron volviendo mucho más complejas y con ellas los sistemas jurídicos, porque cada vez tienen que regular más y más situaciones.

    Sin embargo, esos sistemas jurídicos son prácticamente inoperantes si no existen entes encargados de impartir justicia o sea de resolver los conflictos que se puedan suscitar entre los miembros de la sociedad entre sí o entre ellos y el Estado y esa actividad ha sido tan importante que hasta los reyes absolutos dedicaban la mayor parte de su tiempo a esos menesteres, es decir un rey la mayor parte de su tiempo se dedicaba a actuar como juez supremo.

    Por ello es que, en estos tiempos de tanta modernidad, muchos le llaman postmodernidad, es asombroso como de la nada desaparecen todos los tribunales y nos dejan en un estado de indefensión jurídica que ni los pueblos más bárbaros de la antigüedad tenían y lo más increíble de todo es que queda la incertidumbre sobre el tiempo en que van a tardar en reanudar labores.

    Siendo eso último lo peor de todo, ya que la causa generadora de ese cierre de órganos impartidores de justicia es una enfermedad que carece de cura y que tal vez nunca la tenga, porque los microorganismos siempre están mutando cuando ya no pueden sobrevivir en la forma que tienen; por ello es que no es sostenible el argumento de que por evitar contagios se detiene la actividad judicial, quizá lo pudo haber sido por un mes o tal vez por dos en lo que encontraban una manera de organizarse pero ya llegar prácticamente al semestre sin impartir ni una pizca de justicia es algo que de verdad no tiene nombre.

    Y menos nombre tienen las simulaciones que hacen de que trabajan sin trabajar, en otra ocasión comentaba en este mismo espacio que una de las técnicas de dilación justificada que implementaron fue el establecer guardias para atender un número muy reducido de casos sin recibir escritos con lo cual en sus estadísticas podían comprobar que no eran requeridos.

    Bueno, ahorita las técnicas para justificar trabajo no hecho es ampliar el catálogo de trámites que se pueden llevar a cabo pero que consisten en presentar demandas digitales en el Poder Judicial de la Federación o incluso escritas en el local, con una serie de restricciones que hacen que sea mínimo las que se puedan presentar (de hecho, al poder judicial de Veracruz se le acabaron en menos de 24 horas las citas para presentar esos escritos), pero que en realidad eso y nada es prácticamente lo mismo.

    Lo explico, una demanda es apenas el inicio de la controversia mas ni de lejos es la solución a la misma, ya que ni se escucha a la otra parte ni mucho menos se puede resolver la cuestión planteada y al hacer solo eso los poderes judiciales lo único que hacen es hacerse tontos ellos mismos y dejar sin justicia a la sociedad, ya que una justicia que no resuelve no es justicia.

    Pero además las demandas electrónicas que se presentan en el poder judicial federal quedan detenidas, porque no van a emplazar hasta que se reanuden las labores y las del local ni siquiera publicarán un acuerdo sobre su admisión y emplazamiento al demandado, es decir presentarlas o no presentarlas es lo mismo, a ningún fin llegan.

    Y ¿por qué sucede esto? A mi juicio las causas son varias: altos funcionarios con sueldos muy generosos y cubiertos en su totalidad que hacen que sean ajenos al problema, intereses sindicales que so pretexto de proteger a sus agremiados obstaculizan cualquier labor, de hecho da risa mezclada con rabia como defienden sus periodos vacacionales tras cinco meses de no hacer nada, conducción no profesional de la parte administrativa de los poderes judiciales del país.

    Siendo en este último punto en el que me voy a detener un poco más, ya que aquí cabe hacer una reflexión sobre que pudo haberle faltado a la reforma de 1995 que creó los consejos de la judicatura precisamente con la finalidad de descargar a los tribunales supremos de la función administrativa, ya que ante el deficiente actuar del presidente de la Suprema corte de Justicia y de manera más notoria de la presidente del Tribunal superior de Justicia veracruzano nos damos cuenta que un error estructural de dichos consejos de la judicatura fue el haberlos llenado de jueces, magistrados y ministros, quienes son expertos en dictar sentencias pero que carecen de las habilidades necesarias para administrar un órgano del Estado y por ello es que la impartición de justicia es algo de lo que menos ha avanzado tecnológicamente en este país.

    Ejemplo de lo anterior es que el predecesor de la actual magistrada presidente como magistrado era una nulidad pero como administrador funcionó bastante bien, prueba de ello son los modernos edificios que sustituyeron a las pocilgas que durante décadas albergaron a los juzgados veracruzanos e incluso la creación de los primeros juzgados totalmente digitales que hay en el estado y que con la actual administración también están cerrados pese a que no necesitan casi de la presencia física de las partes a su jurisdicción sometida para operar.

    Hay muchas cosas que pese a la contingencia sanitaria pueden operar, ejemplo todos los recursos tramitados ante el Tribunal Superior de Justicia, el órgano más caro y por mucho de todo el poder judicial, cuyos integrantes (los magistrados) tienen sueldos bastante cuantiosos y que por la naturaleza de sus asuntos pueden resolver a puerta cerrada y en forma totalmente digital y sin embargo en estos tiempos de pandemia no sabemos nada de ellos o los vemos en multitudes de foros que tratan sobre todo menos sobre los asuntos para los que se les paga por resolver.

    Por último, también señalo que no se ha visto a un solo juez, magistrado o ministro reflexionar sobre la ausencia de la impartición de justicia y las consecuencias que ello pudiera tener ni mucho menos presionando para continuar con su labor tal y como sí lo hacen en muchos otros sectores de la sociedad, quienes en lugar de quedarse de brazos cruzados observando la desgracia, ven la manera de continuar con sus labores.

    Así que no hay que creer en lo que los poderes judiciales dicen acerca de que están trabajando en tiempos de pandemia, porque no resuelven ningún asunto sometido a su potestad y justicia que no resuelve no es justicia.

    felfebas@gmail.com

    Twitter: @FelipeFBasilio

    Hacer Comentario