Las cuatro aguas

Adalberto Tejeda-Martínez

El cambio climático agudiza las sequías y al mismo tiempo las inundaciones, por lo que debería ser motivo importante en los debates en el Congreso federal, donde están en disputa cuatro iniciativas hacia la nueva Ley General de Aguas, cada una representante de intereses específicos y con altas posibilidades de polarizar al país en éste como en otros aspectos de la vida nacional.
Desde hace años se vienen anunciando las guerras por el agua, que ya se dan en baja escala y empiezan a cobrar víctimas: en Tecate, Baja California, el 25 de septiembre muere asesinado Óscar Eyraud Ádams, defensor del derecho al agua de los pueblos originarios. Dos semanas antes, el día 8, disparos de la Guardia Nacional en Cárdenas, Chihuahua, mataron a Jessi Silva y dejaron muy herido a su esposo, Ricardo Torres, oponentes al trasvase con que México debe pagarle a Estados Unidos según el octogenario Tratado Internacional de Aguas (1944), que habría que renegociar si no fuera porque Trump intentaría llevarse toda el agua a su molino.
El conflicto chihuahuense hizo que el presidente mexicano volteara hacia la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde encontró sitio para aplicar su política de la fidelidad ciega, que orilló a seis subdirectores a renunciar para ser sustituidos por fieles servidores. A ver qué tan broncas se tornan las aguas para la titular de la Conagua, la doctora Blanca Jiménez, quien por cierto en la Feria del Libro de la Universidad Veracruzana de 2006 recibió la Medalla al Mérito Universitario junto con dos personajes que merecen ser mencionados.
El doctor Rolando Springall era entonces presidente del Consejo Veracruzano del Agua, institución oficial encargada de asesorar a instancias municipales y estatales en esta materia, desaparecida en el fidelato para mal de la salud hídrica estatal.
El otro galardonado fue Pedro Arrojo, científico de la Universidad de Zaragoza, España, que a inicios de este siglo encabezó un fuerte movimiento en defensa del río Ebro, y padre de la llamada «nueva cultura del agua», cuya base es la concepción de cuatro aguas: el «agua vida», que el Estado debería garantizar para la sobrevivencia de humanos y ecosistemas; el «agua ciudadana», cuyo precio debe cubrir el costo de llevarla potable hasta las viviendas; el «agua negocio», que debe cobrarse suficientemente como para subsidiar al «agua vida» y un tanto al «agua ciudadana», y el «agua delito», cuyo precio económico y penal debe ser suficiente para inhibir que se deteriore su calidad o su cantidad más allá de lo señalado por la ley.
Esa argumentación, pero detallada, la escuchó la doctora Blanca Jiménez en 2006 en el auditorio de la Feria del Libro de voz del propio Pedro Arrojo. Esperemos que no la haya olvidado y que le ayude a normar sus decisiones en esta hora mexicana en que la política por el poder está por encima de las políticas social y ambiental.