Jorge Ignacio Luna Hernández*
“Cuando una persona asume un cargo público, debiera considerarse a sí misma un bien público”.
Luego de que el coronavirus COVID-19 se introdujera a nuestro país, hace ya casi un año, las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos cambiaron drásticamente, se transformó la forma en que interactuamos y nos relacionamos con los demás con el objetivo de evitar su propagación.
Las autoridades nos exhortaron a no salir de casa, adoptar medidas de aislamiento social e incluso tomaron la determinación de cerrar temporalmente escuelas y centros de trabajo e inhibir lo más posible la presencia de personas en espacios públicos.
Derivado de ello, muchos funcionarios de los tres niveles de gobierno tuvieron que resguardarse temporalmente en sus hogares, algunos realizando desde allí sus actividades y otros sin actividad alguna. Una acción plenamente justificada sobre todo en aquéllos que se encuentran comprendidos dentro de la población en riesgo derivado de alguna enfermedad crónico-degenerativa previa; diabetes, hipertensión, etc. o por tratarse de adultos mayores.
En el caso particular de los Ayuntamientos, muchos de ellos han quedado prácticamente vacíos, funcionando a su mínima capacidad, limitándose a realizar solo las actividades esenciales; limpia pública, registro civil, recaudación, por nombrar algunas, en su mayoría realizadas por personal sindicalizado, a quienes se les reconoce su valioso esfuerzo.
La atención al público prácticamente ha desaparecido. Si bien muchos ciudadanos se abstienen de acudir a solicitar la atención a sus problemáticas – añejas de por sí- muchos otros no encuentran la vía para hacer llegar sus peticiones, máxime aquéllas no consideradas prioritarias como la obra pública pues la sociedad vio menguada su capacidad de organización y de presión social, priorizando, obviamente, el interés superior de la vida y la salud propia al de aquellas demandas ciudadanas.
La pandemia fue el pretexto perfecto para que Alcaldes y ediles de los 212 Ayuntamientos no atendieran a la ciudadanía.
No obstante, los problemas en las colonias y en las congregaciones continúan allí, quizá más presentes que nunca, tras muchos años y muchas malas administraciones, con la diferencia que ahora pocos son los vecinos que se envalentonan y se animan a gestionarlos ante el Ayuntamiento y son escasos los funcionarios dispuestos a apoyarlos para canalizarlos o atenderlos.
Es necesario que los servidores públicos continuemos al servicio de la sociedad, no podemos simplemente ocultarnos y hacer como si el tiempo se hubiera detenido para todos. Lo cual no significa que lo hagamos con normalidad sino atendiendo a todas las recomendaciones en materia de salud que han emitido las autoridades federales y estatales.
En lo personal hemos continuado atendiendo a los ciudadanos en las oficinas de la Regiduría Tercera y hemos retomado las reuniones en colonias y comunidades de Coatepec observando todas las medidas necesarias, lo cual me ha valido algunas críticas. Sin embargo, lo hacemos con mucho entusiasmo a petición de los propios ciudadanos y lo seguiremos haciendo en la medida de lo posible, siempre anteponiendo la salud y bienestar del pueblo.
Las necesidades continúan allí, en cada barrio, en cada colonia, en cada congregación. Necesitan ser atendidas y nosotros somos solo el medio para canalizarlas.
* Jorge Ignacio Luna Hernández; Regidor Tercero de Coatepec
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