Ayuntamiento o regencia

Uriel Flores Aguayo

Será indispensable poner en el centro del debate el tema de la autonomía municipal en Xalapa, a la hora de que se presenten las propuestas para gobernarla. Es fundamental. Autonomía supone la capacidad del Ayuntamiento para decidir en bien de la ciudadanía, sin tener que depender de otro nivel de Gobierno. El Ayuntamiento es autónomo o se reduce a una especie de Regencia, como lo era el otrora Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Es Regencia si no es tomado en cuenta para asuntos tan relevantes como la seguridad, obras de infraestructura y movilidad urbana, entre otros aspectos claves en la vida municipal. Eso ocurre actualmente en Xalapa. Autoridades estatales realizan jornadas de arreglos de jardines, reencarpetan calles, levantan autos con grúas, ponen retenes, cierran el centro histórico, hacen obras urbanas, entre otras actividades, sin la presencia ni coordinación con el Ayuntamiento. Eso es grave. Cuando pasan por encima de los Ediles están afectando a la ciudadanía. Los habitantes del Municipio buscan, en primera instancia, a las autoridades Municipales; si estas no responden o no tienen capacidad, la gente queda en el vacío, indefensa. Por esas razones es tan importante la Autonomía Municipal. Entre el Ayuntamiento y la ciudadanía no debe haber intermediarios formales. Mucho de lo que no funciona tiene que ver con la invasión de territorios y facultades. Es el caso de Xalapa, que por ser Capital está sujeta a una situación especial, pero que se puede superar con acuerdos y gestión en beneficio de la ciudadanía.
Algunos ejemplos concretos del despojo de atribuciones municipales son obvias, otras no tanto. En todos esos casos se minimiza al Ayuntamiento y se afecta a la gente. Tenemos las cuestiones de seguridad, con una policía propia en crónicas condiciones incipientes y la hegemónica presencia de la policía estatal que hace y deshace con la ciudadanía sin tomar en cuenta al Cabildo; hasta muertos ha habido en las cárceles preventivas sin que haya alguna postura del Ayuntamiento. Los xalapeños no tienen manera de acudir a sus autoridades municipales en estos casos, descendiendo en derechos a niveles secundarios. Con los operativos de las grúas estamos ante un sistemático asalto a la población que tiene el infortunio de caer en las manos de estos negociantes de los espacios. Son empresas privadas, en evidente contubernio con algunas autoridades, que proceden con exclusivo fin recaudatorio, y que ofenden a la ciudadanía. Practican una agresión mayor contra quienes se estacionan en lugares habilitados para ese fin pero que pierden esa condición por decisión oficial. La fórmula es sencilla: colocan letreros que prohíben estacionarse en lugares donde no se afecta la circulación ni a nadie para que algunos incautos si lo hagan y sean sujetos del retiro de sus automóviles; es un acto humillante y de agresión a la propiedad de los ciudadanos. Lamentablemente el Ayuntamiento es omiso o cómplice. De temporada tenemos las curiosas e ineficaces medidas dictadas para enfrentar la pandemia que, entre otras, consisten en cerrar el centro histórico. Es un acto unilateral, sin diálogo ni inclusión de los Ediles. Se afecta al comercio, de por sí en crisis prolongada. Al no tomar en cuenta al Ayuntamiento, ni siquiera para la foto, se están lastimando los derechos ciudadanos.
De esos ejemplos hay muchos. Es la vieja historia centralista y abusiva. Es lo de siempre. Es el desprecio por las Autoridades municipales y, de paso, por la ciudadanía. Son prácticas que chocan con la democracia y las ideas de un buen gobierno. El problema es de los políticos con aires monárquicos y los ediles agachados por razones partidistas o comodidad. Estamos ante un ejemplo simple de lo que no se debe hacer cuando se tiene mayoría en el Cabildo: sirve para todo menos para lo importante, es decir, la defensa de la autónoma y, con ella, el cumplimiento de responsabilidades con los ciudadanos. Para lo que viene será central colocar en el centro el debate sobre la autonomía municipal.
Recadito: patético ver a funcionarios explotando los programas sociales con fines electorales.

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