Orizabeños, en la indefensión: Coparmex

Veracruz
La construcción de un México justo y en paz, requiere de acciones acordes a ese objetivo, por lo que desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Veracruz para que se conduzca con legalidad y trabaje por la seguridad en la entidad.
Este lunes, la exalcaldesa y exdiputada local, Gladys Merlín Castro y su hija de 27 años, Carla Enríquez Merlín, fueron asesinadas en el interior de su domicilio en el sur de Veracruz.
Estos lamentables acontecimientos se suman a los ocurridos la semana anterior en los que el precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván, Gilberto Ortiz Parra, fue también asesinado sobre la carretera federal 180, cerca de Ciudad Cardel.
Por otra parte, según información dada a conocer a través de los medios de comunicación locales y estatales y por la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, se conoció que el 13 de febrero tuvo lugar un operativo en las instalaciones de la Policía Municipal de Orizaba con el objetivo de verificar que se cumpliera con la Licencia Colectiva para la portación de Armas de Fuego.
Según las notas periodísticas, en ese operativo en el que participaron elementos de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Fuerza Civil se retiró el armamento a los 340 integrantes de la corporación, mismos que serían trasladados a la ciudad de Xalapa para ser sometidos a evaluaciones de control y confianza.
Por su parte, la autoridad local informó que los elementos de la Policía Municipal ya contaban con los exámenes de control y confianza y trabajaban en coordinación con el Centro de Cómputo, Comando, Control, Cámaras y Contacto Ciudadano (C5), por lo que la acción emprendida por la SSP imposibilita las labores de vigilancia y prevención del delito que realizaba la corporación y pone en indefensión a la ciudadanía frente a la delincuencia.
En ese sentido, desde Coparmex externamos nuestra preocupación por una probable escalada de la violencia política en esa entidad de cara a la próxima elección y respaldamos las labores que en aras de elevar los índices de seguridad se lleven a cabo, aunque consideramos que estas se deben conducir en estricto cumplimiento de las formalidades del procedimiento, con base en los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas.
El contexto actual, donde se prioriza la lucha contra la propagación del COVID19 y se emprenden acciones encaminadas a lograr una acelerada recuperación económica, todos debemos contribuir, desde la rectitud de nuestras acciones, a la construcción de un clima de seguridad que otorgue confianza a la inversión, que facilite la generación de empleos y que privilegie el Estado de Derecho.
Reiteramos nuestro llamado respetuoso al Gobierno del Estado de Veracruz y al Gobierno Federal para que actúen de manera decidida en la prevención de cualquier forma de acto violento e intimidación, a que se detonen los mecanismos de protección ante amenazas y se conduzcan con legalidad, transparencia, justicia y respeto a los Derechos Humanos, esto, en aras de contribuir al fortalecimiento de las estrategias emprendidas por las autoridades locales para preservar la seguridad de todas las personas e impulsar la vocación industrial y comercial de dicha entidad.