El discurso de Hugo / Le corrigen la plana a CGJ

Enrique Yasser Pompeyo

Mesa de Redacción

Apenas este jueves el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado se jactaba de que iban 40 días sin homicidios dolosos, lo que calificó como “logro histórico”, cuando fue acribillado el ex alcalde de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas en el municipio de Mariano Escobedo.
A este hecho sangriento se suma el crimen de su hijo, José Andrés Vázquez Mauro, ocurrido en septiembre del año pasado, quien fue hallado en un paraje de Maltrata, luego de que fue levantado. Hasta el momento, el asesinato no ha sido esclarecido.
Pese a las promesas de las autoridades estatales en el sentido de que el Gobierno de Veracruz se iba a adherir “inmediatamente” a la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, no ocurrió así.
Ante el asesinato de Melquiades Vázquez Lucas, precandidato tricolor a la presidencia municipal de La Perla, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, a través de sus redes sociales, demandó dar con los responsables.
“Exigimos justicia como en septiembre de 2020 lo hicimos por el asesinato de su hijo. La violencia política enluta a las familias de quienes aspiran a darle un mejor futuro a su municipio, a su estado y a su país. Desde el SOMOS PRI Veracruz, exhortamos a la Mesa Nacional de la Alianza #VaPorMéxico a exigirle a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, garantizar la seguridad de los mexicanos”, expuso.
¿Qué es lo que presume Hugo Gutiérrez Maldonado? ¿De cuál seguridad habla el secretario?, son las interrogantes que se hacen los veracruzanos.
Si desde hace más de dos años no han logrado cuidar a los ciudadanos, ahora se observa que no pueden brindar seguridad en el contexto electoral.
Desde el inicio de la administración estatal han sido asesinados diferentes políticos y en varios casos quedan muchas dudas como en el crimen del diputado priista Juan Carlos Molina Palacios o en el de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín. Estos tan sólo son dos ejemplos, pero la lista es amplia.
A tres meses de que se lleven a cabo las elecciones en el estado de Veracruz hay incertidumbre y no existe certeza de que las autoridades puedan o tengan la capacidad para brindar la seguridad necesaria.

LE CORRIGEN LA PLANA AL GOBERNADOR
El gobierno de Veracruz ha quedado evidenciado una vez más por su limitada capacidad, pobreza de acciones, falta de visión y altura de miras, en esta ocasión por el titular del Ejecutivo federal, quien abordó la situación de precandidatos de distintos partidos políticos que han recibido amenazas, ante lo que presentó un plan de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para darles protección, destacó Sergio Cadena Martínez, presidente del PRD en Veracruz.
Señaló que contrario a la postura que ha venido mostrando el gobierno de Veracruz, quien prácticamente ha minimizado el tema de la inseguridad en la entidad, la misma titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos de violencia política y que las agresiones se concentran en siete estados, entre ellos Veracruz.
El líder del partido del Sol Azteca apuntó que la Federación prácticamente le corrigió la plana al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al detallar que «va a haber protección, se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo, a candidatos a presidentes municipales».
Recordó que en repetidas ocasiones el PRD ha alzado la voz para denunciar las amenazas de que han sido víctimas sus militantes y simpatizantes, ante la legítima preocupación de que sus vidas se pongan en riesgo por el hecho de que ellos sí están haciendo un gran trabajo en sus regiones a favor de la ciudadanía, lo que a algunos molesta y entonces recurren a la fuerza para tratar de intimidarlos.
Asimismo, confirmó la postura de su partido para participar de las acciones que se lleven a cabo, como por ejemplo las posibles mesas de trabajo entre las secretarías de Gobernación y Seguridad con los partidos políticos, a fin de que se brinde atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen.

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