Enrique Yasser Pompeyo
Xalapa
El diputado local por el Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila propuso modificar el delito conocido como ultrajes a la autoridad.
La Iniciativa plantea derogar el párrafo segundo y adiciones al primer párrafo del artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, «tiene mucho que ver con la aplicación justa de la Ley».
En tribuna, expuso que una penalidad justa a quienes trasgreden las normas, es la que debe prevalecer acorde a la gravedad de los delitos que se cometan.
«Por eso, el conocimiento pleno del derecho, así como la sensatez en la razón jurídica, deben ser cualidades innatas del juzgador. Esto debe llevar a los impartidores de justicia a una conexión con la realidad cotidiana, pues esta conexión los lleva en muchos casos a escenarios confusos o lagunas legales».
Recordó que la aplicación de la disposición en comento y que a partir del 11 de marzo de este año entró en vigor, ha sido desde un principio criticada y cuestionada por diferentes sectores sociales. «Una de las razones por lo que esto pasa, es la desconfianza ciudadana en nuestro sistema de justicia. Este es el argumento más contundente de quienes se oponen y rechazan las medidas punitivas aplicables contempladas en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz».
El diputado dijo que es partidario del respeto a la dignidad humana tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía en general, pero las medidas punitivas actuales del artículo en mención, «estoy seguro deben reconsiderarse; ya que si bien es cierto deben protegerse y salvaguardarse los derechos de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, también lo es que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a expresarse de manera libre y respetuosa. Éste derecho constitucional representa la más pura expresión de manifestar la inconformidad ante acciones u omisiones de las autoridades».
Ramón Díaz Ávila consideró que las penalidades aplicables al delito de agresión a un servidor público o ultrajes a la autoridad tal y como está tipificado actualmente, «constituye una medida desproporcional equiparado a delitos graves, lo que en su aplicación ha provocado abusos de quienes se entiende están al servicio de la impartición de justicia y quienes, en muchos casos, sin el menor recato violan garantías constitucionales, fomentando incluso la fabricación de delitos. Como ciudadano estoy a favor del respeto a las instituciones y a quienes las representan, pero estoy en contra de penalidades irracionales».
Por lo anterior, el legislador manifestó que lo que plantea es una iniciativa que los compromete a todos. «Por encima de cualquier interés se encuentran principios y valores que nos deben unir».
Díaz Ávila agregó que la propuesta de reforma, recoge el sentimiento de muchos ciudadanos que han padecido y siguen padeciendo las injusticias de esta ley. «Hoy debemos ver la oportunidad de enaltecer la actividad política y demostrar a la sociedad que aún en las diferencias políticas que puedan separarnos ideológicamente, el interés por proteger y salvaguardar sus derechos y que son nuestros también, nos une para ir juntos a reformar leyes que lesionen derechos consagrados en la constitución».
Finalmente, el diputado acotó que a la sociedad se le debe rendir cuentas y la mejor manera de hacerlo es actuando. «Si realmente aspiramos y luchamos por una nueva sociedad, más democrática y justa, hoy tenemos una oportunidad de hacerlo e impedir que más ciudadanos sigan padeciendo la opresión de esta ley, pero al mismo tiempo que cualquier funcionario pueda ser o convertirse en opresor; es decir, debemos privilegiar el respeto a la dignidad humana».