Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Poca difusión se dio a la iniciativa de reforma electoral que presentó la diputada Anilú Ingram Vallines a nombre del Grupo Legislativo del PRI en la pasada sesión del Congreso.
La propuesta cobra relevancia ante la violencia política de género que prevalece en el estado de Veracruz, la cual, la propia legisladora ha padecido por parte de autoridades como el secretario de Salud.
Señala Ingram Vallines: “hoy tenemos, en el poder de nuestro voto, lograr un Veracruz igualitario, seguro y libre para las mujeres que hemos elegido y elegirán servir a la ciudadanía veracruzana”.
Como se recordará, ésta ya había sido aprobada en la anterior Legislatura y fue incluso votada por los que se reeligieron; sin embargo, por omitir la Consulta Indígena fue invalidada, ya que estaba inserta en la fallida Reforma Electoral.
La reforma electoral que plantea Ingram Vallines, respecto de la paridad y la violencia política en razón de género “es un peldaño más para contar con un Veracruz en donde las mujeres y los hombres con vocación de servicio, sean considerados en igualdad de circunstancias, sin importar su género”.
De esta manera, la iniciativa contiene aportaciones muy específicas que la hacen una reforma integral, completa y con gran alcance.
Por ejemplo, establece la obligación del Organismo Público Electoral de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través de la instalación de una Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación; además de contar con una conceptualización de la violencia política contra en razón de género homologada a la establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Pero no sólo eso, también estipula que quienes aspiren a puestos de elección popular NO cuenten con antecedentes de violencia política.
Esto es fundamental para evitar que violentadores sean diputados, alcaldes o gobernadores; además que considera lo referente a la declaratoria “3 de 3 contra la violencia de género”.
Una aportación que es la gran diferencia, es que se incorporan medidas cautelares, a fin de garantizar la vida y la libertad de las mujeres contendientes.
De esta manera, las y los diputados tienen la gran responsabilidad de realizar el proceso de armonización legislativa en el Código Electoral de Veracruz, a fin de que las instituciones electorales pongan en marcha todo el andamiaje jurídico para garantizar a todas y todos los actores políticos y, en particular, a las veracruzanas, una contienda paritaria y libre de violencia política en razón de género.
Ya se verá cómo resuelven en comisiones, si pasa al Pleno o la dejan en la congeladora.
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