Ignacio Alvarez
Pluma Negra
Enmedio de la incertidumbre de los trabajadores del Sector Salud en Veracruz por la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de federalizar los Servicios de salud de los estados para adherirlos al IMSS Bienestar, la población sin seguridad social se muestra preocupada sobre lo que pasará con la atención que reciben en los hospitales públicos.
De por sí, en algunos hospitales que administran los estados, como el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, enfrentan cambios que ponen en entredicho la gratuidad y universalización de los servicios de salud en el país, propuesta por la actual administración federal, con esta migración de las unidades medicas al IMSS Bienestar , surge la duda si continuaran recibiendo la misma atención en las unidades del Seguro Social y a qué costo.
La ciudadanos se preguntan si los atenderán igual que los que aportan una cuota mensual. Ahí esta la interrogante de la población que no tiene seguridad social o no esta afiliado a institución alguna, como es el IMSS o ISSSTE.
Y es que ya en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) se empieza a presentar una situación de hostilidad hacia las personas que acuden a esa institución, de acuerdo a versiones de pacientes y familiares que acuden al llamado Hospital Regional de Veracruz, el cobro de consultas se empieza a generalizar con todo tipo de pacientes, con un costo de 300 pesos por paciente a pesar de comprobar que no son derecho habientes del IMSS ni del ISSSTE.
Sin embargo, los pacientes se quejan de que les han impuesto un nuevo filtro para recibir atención medica o para surtirse de medicamentos en la farmacia, tienen que pasar a una Unidad de Validación del INSABI, donde les revisan su documentación y acceden a los portales del IMSS e ISSSTE para comprobar si efectivamente no cuentan con seguridad social.
En caso de ser detectada como afiliada al IMSS al ISSSTE no se otorga atención ni aunque pague, y se le manda a sus centro médico.
Los pacientes que regularmente se atienden en los centro del Sector Salud, se llenan de dudas, para cuando ya las unidades de primer y tercer nivel se integren al IMSS Bienestar, bajo qué condiciones serán atendidos?.
Vigente Ultrajes a la Autoridad
La mayoría de MORENA en el Congreso Local, aplastó las intenciones de derogar el delito de Ultrajes a la Autoridad y Contra las Instituciones de Seguridad Pública como lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que en febrero pasado, el propio Gobernador propuso a la Legislatura. La modificación se redujo a derogar dos fracciones del artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, aunque falta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se espera para este lunes.
En su comunicado, la LXVII Legislatura informó que 33 votos a favor y 15 en contra se derogaron dichas fracciones, relativas a los supuestos del tipo penal en cuanto a que se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima o a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.
En una sesión extraordinaria y virtual, se dijo que la Comisión juzgó pertinente conservar el delito de Ultrajes a la Autoridad en la ley penal estatal, en razón de que protege el orden público y no representa una carga arbitraria y desmedida para los gobernados, toda vez que, cada que se haga imperar el orden público por sobre los derechos e intereses particulares, las autoridades deben ajustar su actuación a la norma, dado que el Constituyente federal ha previsto los principios de certeza jurídica y legalidad, en beneficio de las personas, en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.
Por su parte, el Gobernador, Cuitláhuac García envió una carta a la SCJN para argumentar que es necesario mantener el delito de Ultrajes a la Autoridad en el Código Penal de Veracruz, de lo contrario se corre el riesgo de un aumento a las agresiones de ejercen funciones se Seguridad Pública.
Los diputados de oposición lamentaron en sus posicionamientos, el desacato a la recomendación de la CNDH y calificaron la resistencia del Ejecutivo y los legisladores de MORENA como una necedad política para mantener un instrumento legal de acoso a personas incompatibles con el actual gobierno.