Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
En la revisión de la cuenta pública 2021 de los ayuntamientos, los amplios intereses de unos y de otros han provocado una guerra mediática de declaraciones que, hasta el momento, no pasa de ahí.
Pero más allá de eso, se espera que en verdad se vaya a fondo y se proceda contra quienes han provocado desfalcos millonarios.
El diputado local morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, afirma que se “irá a fondo”.
De entrada, revela que hay amenazas de ex autoridades municipales. ¿De qué tipo son esas amenazas? ¿Se trata acaso de amenazas de muerte contra los diputados y sus familias? ¿O de qué tipo son? ¿Le sabrán algo a algunos legisladores?
Por sus dichos, Gómez Cazarín tiene claro y, sobre todo, las pruebas para señalar, pues dice: “las (ex autoridades municipales) que hicieron las cosas bien les vamos a tomar en cuenta sus pruebas; las que se están manifestando en contra es porque saben bien, y tienen bien clarito, que hicieron las cosas mal y se clavaron el dinero del pueblo”.
Juan Javier Gómez Cazarín va más allá y sostiene que el Congreso de Veracruz “no será tapadera de nadie”.
Si en realidad el diputado busca resarcir los traspiés que han cometido, la revisión exhaustiva de la cuenta pública 2021 y proceder legalmente contra los responsables es la mejor forma para hacerlo, pues de otra manera sólo quedará en mero discurso.
El presidente de la JUCOPO, además, ya adelantó que él (y los diputados que están alineados) no votarán a favor de una cuenta pública donde “hay mucho malestar del pueblo; hay evidencias, denuncias y manifiestos de los ciudadanos de que no se hicieron bien las cosas en las administraciones pasadas”.
Acerca de la situación en el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, aunque algunos señalan que hay una ruptura, Gómez Cazarín afirma que hay un grupo de trabajadores afines al anterior gobierno local, quienes han obstaculizado el acceso a la información financiera pretendiendo ocultar las irregularidades.
¿Cuántos casos cómo estén se repiten en los demás ayuntamientos?
Aunque la relación con la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) es institucional, se han generado muchas dudas y sospechas sobre el actuar del personal en el ente autónomo.
¿Quiénes protegen a las ex autoridades municipales? ¿Quiénes están involucrados? ¿De cuánto son los moches para limpiar las cuentas públicas?
En este nuevo gobierno se habla hasta el cansancio de que no son corruptos y si en realidad quieren demostrarlo, lo mejor sería que no encubrieran a nadie.
Si proceden y llevan a la cárcel a ex funcionarios municipales, que sean las cabezas y no sólo “charales”, como dice el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
No sólo la credibilidad de la autodenominada cuarta transformación está en juego, sino también su permanencia en el poder.
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