Roberto Morales Ayala
Los recientes casos de dos menores que, tras haber sido reportados como desaparecidos, fueron encontrados sin vida, han encendido la indignación y el dolor colectivo. Estos sucesos no solo exponen la vulnerabilidad de los niños en el estado, sino también la ineficacia de los mecanismos de protección que, en teoría, deberían ampararlos.
Estos casos recientes ilustran las fallas que se arrastran en los protocolos y la insuficiente protección hacia la niñez en Veracruz: el de Poleth, una niña de 11 años que desapareció el 8 de septiembre y fue encontrada sin vida cuatro días después en un terreno baldío en Orizaba, y el del pequeño Isidro, de Rancho Nuevo, Alto Lucero, cuyo cuerpo fue hallado al día siguiente de su desaparición, en el municipio de Banderilla.
Estas tragedias son desgarradoras y han desatado una mezcla de dolor e indignación en las comunidades que exigen justicia. Las familias y la sociedad se preguntan: ¿Dónde fallaron las autoridades? ¿Qué más se pudo haber hecho para proteger a estos menores?
Luz María Reyes Huerta, integrante de Marea Verde Altas Montañas, subrayó la negligencia de las autoridades en el caso de Poleth, señalando que tanto el DIF como la policía municipal fallaron en su respuesta. “Fallamos todos”, declaró Reyes Huerta, criticando la falta de coordinación y diligencia en la búsqueda de la menor.
Estos casos no son hechos aislados. Los datos de los sistemas municipales del DIF y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) revelan una problemática profunda.
Durante tres años, se registraron 3,097 casos de violencia física y 808 de abuso sexual contra menores en Veracruz. Solo entre 2021 y 2022, la violencia física aumentó un 62.3 por ciento, y el abuso sexual, un 71.8 por ciento. En los primeros meses de 2023, los sistemas municipales del DIF documentaron 583 casos de violencia física y 214 de abuso sexual.
Estas cifras no solo son alarmantes, son indignantes. La violencia contra los menores en Veracruz no solo ha escalado, sino que se ha vuelto más brutal. Lo más grave es que los sistemas de protección, en lugar de ofrecer una respuesta efectiva, han mostrado ser ineficientes y reactivos. A pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SIAT) y la Ley Número 731 de Prevención, Atención y Asistencia a la Violencia Familiar, los resultados siguen siendo insuficientes.
La falta de una respuesta rápida y coordinada agrava la situación. Las fallas en los protocolos de búsqueda y la ineficacia de las autoridades para reaccionar ante los reportes de desaparición reflejan un sistema que ha expuesto, en lugar de proteger, a los más vulnerables. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta agosto de 2024, 691 menores permanecen desaparecidos en Veracruz. Este dato evidencia la incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la vida y seguridad de los niños y adolescentes.
Asimismo, entre enero y julio de este 2024, 57 menores asesinados en Veracruz se sumaron a los 294 que ya habían sido víctimas de homicidios y feminicidios durante el actual sexenio.
Es imperativo replantear el sistema de protección estatal desde sus cimientos. Mecanismos como la línea 070 y los buzones anónimos pueden parecer útiles en teoría, pero son inútiles si no van acompañados de acciones concretas y coordinadas. No se trata solo de implementar leyes; se trata de hacerlas funcionar. Las cifras de violencia y abuso en Veracruz son una señal de alarma que no puede ser ignorada.
La demanda de justicia de las familias de Isidro y Poleth es también un clamor colectivo. Refleja el hartazgo de una sociedad que presencia cómo sus niños son asesinados o desaparecen sin que se tomen medidas efectivas. ¿Qué más tiene que suceder para que las autoridades actúen de manera contundente?
En memoria de Poleth, Isidro y los cientos de menores que han perdido la vida en Veracruz, debemos exigir justicia y un cambio real en la manera en que el Estado protege a los más vulnerables.