Una democracia cara e inútil

Álvaro Belin Andrade

Hora Libre

Como la transparencia, la democracia en México cada día nos sale más cara… y falsa.
Los enormes flujos de recursos que confluyen en los equipos de todos los partidos políticos durante los procesos electorales no solo entrañan ominosos actos de corrupción en todos los niveles de gobierno sino también inconfesables alianzas con los grupos de poder local y con las organizaciones criminales.
Hace mucho que los comicios están teñidos por la ilegalidad. Baste recordar las acusaciones contra el Partido Revolucionario Institucional por rebasar con mucho los topes de campaña en la elección presidencial pasada.
Tan fuertes fueron las evidencias, que pusieron en duda la legalidad del triunfo de Enrique Peña Nieto.
Pero no fue el único. Cada día se agregan evidencias de un gasto desmedido de todos los candidatos a puestos de elección popular, propuestos por todos los partidos políticos.
Una compleja y onerosa maquinaria es puesta en operación no para convencer sobre las bondades del partido y sus candidatos sino para comprar descaradamente el mayor número de votos.
Por desgracia, ni antes, ni durante ni después de celebradas las elecciones locales y federales se realizan investigaciones serias y a fondo sobre el origen de camionadas de billetes que se usan para manipular el curso de las votaciones. Y todos los partidos, sin excepción, están marcados con el mismo fierro.

Un político pobre es un pobre político

La frase acuñada por el profesor Carlos Hank González, paisano del presidente Peña Nieto, puso de relieve desde las épocas gloriosas del partido aplanadora, que para aspirar hay que tener, y en abundancia. El propio Hank González fue un ejemplo de ello.
Los propios programas de gobierno que llegan a aterrizar tienen el propósito de incidir a favor del partido que gobierna, y las listas de beneficiarios son manipuladas para obligar a emitir un voto que permita mantener el estado de cosas.
Prácticamente cada año hay procesos electorales. Salvo 2014, en el caso de Veracruz, en los siguientes años el dinero público y el que proviene de grupos delictivos se pondrá en juego para normar la mal llamada voluntad popular.
En 2015, habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En 2016, se renueva la Legislatura local y se abre el proceso para elegir al Gobernador del Estado.
En 2017 se elige a los 212 presidentes municipales.
En 2018 votaremos por Presidente de la República, Senadores y Diputados federales y, en una de esas, hasta Gobernador del Estado, en caso de que prospere la sospechosa propuesta de un gobernador por dos años.
En 2019, de nueva cuenta elegiremos diputados locales.
Hasta donde mi cálculo lo permite, 2020 será un año para el descanso ciudadano.
Con un calendario electoral de este talante, la pregunta obligada es: ¿cuándo habrá presupuesto para atender las graves penurias de un estado que, como Veracruz, simplemente no crece, salvo en el sector turístico, con un dinamismo lejano al de otros estados?
Y es que, mientras este año, el poco dinero de que ha dispuesto el gobierno estatal para políticas públicas se ha destinado mayoritariamente a la preparación de unos juegos centroamericanos que a nadie tiene contentos, en los próximos años los débiles excedentes se irán a hacer ganar al PRI.

El dinero del crimen

Si es verdaderamente exasperante que nuestros gobiernos destinen dinero del erario al apoyo de candidatos impopulares que solo comprando votos pueden ganar, es más preocupante que en los comicios juegue dinero proveniente de organizaciones delictivas.
Para nuestra desgracia, cada vez más candidatos de todos los colores y sabores se prestan a hacer alianzas con organizaciones delictivas, empresarios deshonestos, compañías dedicadas a la extorsión, para obtener dinero que les permita el reparto de despensas, camisetas, sombrillas, láminas, bultos de cemento, medicamentos, útiles escolares y… dinero en efectivo.
No hace falta sino tomar del archivero el expediente más cercano, el del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, preso ya en el penal del Altiplano, para saber cómo el Partido de la Revolución Democrática hizo para ganar esa plaza, lo mismo que el gobierno del estado de Guerrero.
La colusión de políticos corruptos y criminales, cobijados por partidos de toda la gama de colores, con individuos y organizaciones urgidos de poder político, están llevando al país a la pérdida de su proyecto de nación.
En todos los rumbos de la república nos gobiernan ladrones, gente ligada a organizaciones criminales o creadores de sus propias mafias dentro del poder para medrar con el presupuesto público.
El estado de Veracruz, por desgracia, no está exento. El criminal endeudamiento realizado por Fidel Herrera Beltrán durante su mandato de ninguna manera se manifestó en el progreso de la entidad y sí, en cambio, en su inexplicable enriquecimiento.
En el actual gobierno, las cosas no pintan diferente. Muchos funcionarios públicos han pasado de la miseria a la más ofensiva opulencia; se han mantenido en las esferas del poder y muchos de ellos se encuentran en la antesala de lograr un puesto de elección popular para contar con el fuero constitucional que les permita evadir la justicia.
Han convertido al antiguo vergel en un verdadero desierto de miseria y desesperanza, sin que haya ninguna posibilidad de llevarlos ante los tribunales, cuyos integrantes también se bañan en el mismo estercolero.

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