Corrupción y deuda local, en la impunidad

Álvaro Belin Andrade

Hora Libre

Que México ocupe el onceavo lugar entre los países más corruptos de América Latina, apenas superado por naciones como Venezuela, Haití y Paraguay, no debe parecernos extraño.
Al ritmo que llevamos durante la presente administración federal y las decisiones tomadas en el Senado en torno a la deuda subnacional, que hace borrón y cuenta nueva ante los criminales endeudamientos en estados y municipios, muy probablemente mejoremos nuestra posición en la tabla.
A principios de diciembre, la organización Transparency Internacional reveló su Índice de la Precepción de Corrupción, en la que México ocupa el lugar 103 (de 173 países evaluados) en la escala mundial. El organismo ha recomendado tanto a Brasil como a México poner fin a la impunidad en casos de corrupción, hacer públicos los gastos de gobierno, luchar contra la desigualdad mediante el combate a la corrupción y crear registros públicos para conocer a los verdaderos dueños de empresas.
Muy lejos estamos de que estas medidas se apliquen en México, cuando los principales miembros del gabinete, comenzando por el Presidente de la República, están involucrados en evidentes casos de conflictos de interés con una empresa, HIGA y sus múltiples ramificaciones, justamente la que había obtenido el multimillonario contrato para construir el tren bala México-Querétaro.
Contra lo que muchos mexicanos esperábamos, el martes de esta semana, el Senado de la República, con los votos del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México, aprobó una reforma relacionada con el endeudamiento de estados y municipios que, entre otras linduras, exime del estudio y posibles litigios contra las deudas contraídas con anterioridad, que han sumido a gobiernos locales en la inacción por las obligaciones derivadas del pago de pasivos.
En efecto, en el caso de Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán ha sido eximido de rendir cuentas sobre el endeudamiento heredado; también, el actual gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien desde el principio de su gestión contrajo deudas para aminorar los servicios de la deuda que le fue heredada.
Si consideramos el problema desde una perspectiva nacional, con la medida senatorial los mexicanos seremos responsables de pagar los 489 mil 693 millones de pesos que, a junio pasado, constituía la suma de la deuda de estados y municipios.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda de los gobiernos locales creció 1.4 por ciento respecto al cierre de 2013, y 10.5 por ciento en relación a junio del año pasado, cuando la deuda frisaba los 443 mil millones. Tal monto significa nada menos que el 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, apenas por el debajo del 3.1% reportado en diciembre del año pasado.
¿Cuáles son las entidades más endeudadas hasta junio de 2014? En primer lugar, el Distrito Federal, con 61 mil 402.8 millones de pesos, seguido por Nuevo León, con 58 mil 443.9 millones de pesos; Chihuahua, con 41 mil 603.1 millones de pesos; Veracruz, con 40 mil 767.4 millones de pesos, y el Estado de México, con 39 mil 124.1 millones de pesos.
En conjunto, las cinco entidades federativas sumaron 241 mil 341.4 millones de pesos, que representa el 49.28 por ciento del total de la deuda local al cierre del primer semestre de 2014.
Gracias a los senadores, quienes contrajeron esas criminales deudas (además de Fidel, tenemos que recordar a Humberto Moreira, de Coahuila) pueden caminar tranquilos por el mundo, gastando buena parte de ese dinero, mientras los comunes mortales debemos asumir las consecuencias desastrosas.

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