Convocatoria, blindaje y antidoping

Luis Alberto Romero

Hora Cero

Este domingo, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional emitió la convocatoria para los aspirantes a participar en el proceso interno para la selección de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa, correspondientes a los 127 distritos electorales uninominales donde se apegarán al procedimiento de convención de delegados.

En otros 117 distritos, los candidatos serán designados, sin pasar por una asamblea de delegados ni por el voto directo de los militantes; es decir, el PRI recurrirá el método más antidemocrático; por otra parte, debido a la alianza con el Partido Verde, el CEN tricolor reservará 56 candidaturas.

En la entidad veracruzana, los distritos de Tuxpan, Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, Cosalamoapan, Zongolica y Acayucan están incluidos en dicho proceso, que oficialmente inicia este día. Los aspirantes por esas demarcaciones podrán desarrollar sus precampañas del 27 de enero al 17 de febrero con un tope máximo para gastos de poco más de 224 mil pesos.

Hace una semana, por cierto, el CEN del PRI emitió el acuerdo mediante el cual se nombran los órganos auxiliares de la Comisión Nacional de Procesos Internos; en el caso de Veracruz, Carlos Brito Gómez fue designado presidente y Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Secretario técnico.

En teoría, ese órgano partidista organizará, conducirá y validará el proceso interno del partido y garantizará, en los términos de la convocatoria, que se observen los principios de certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia y máxima publicidad. Sin embargo, todavía falta el manual de organización que deberá publicar la Comisión en un plazo no mayor a diez días.

En la convocatoria firmada por Cesar Camacho Quiroz, destacan básicamente tres puntos: la aplicación de estudios demoscópicos; es decir, encuestas, para validar el registro de aspirantes; el cumplimiento al acuerdo de blindaje electoral; y las pruebas de antidoping para los precandidatos, que, además, deberán comprobar el origen y destino de los recursos para las precampañas y firmar el pacto de civilidad y compromiso político.

Por cierto, la recepción de solicitudes inicia el 7 de enero; luego de ello, el PRI aplicará, a los aspirantes a las diputaciones federales, un examen para conocer si son aptos para desempeñar el cargo; y en éste, deberán acertar más del 80 por ciento de las 50 preguntas establecidas, que son de opción múltiple; esto es, una evaluación para asegurarse que no habrá reprobados.

Finalmente, la parte importante de este proceso, que es un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, es la búsqueda de mecanismos que cierren la puerta a los aspirantes vinculados con actividades delincuenciales o a un origen poco claro de sus recursos; en ese sentido, el reto para los partidos es la investigación y la revisión minuciosa de los antecedentes, el patrimonio, los estados financieros y, en general, el comportamiento de los aspirantes a cargos de elección popular, a fin de evitar casos como el del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado y preso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y tantos otros de políticos que han sido señalados por vínculos con la delincuencia organizada. @luisromero85