A favor…

Estela Casados González

Mujeres Que Saben Latín

El primer viernes de junio despertamos en la ciudad de Xalapa con indignada efervescencia. Las redes sociales informaban que, mientras dormíamos, un comando encapuchado y armado agredió salvajemente a estudiantes de la Universidad Veracruzana que se encontraban en una reunión en un domicilio particular.

Al igual que muchos colegas del personal docente de la Unidad de Humanidades de la UV, a primera hora enfilé hacia la Facultad preguntándome por la gravedad de las heridas de las personas agredidas. Las imágenes compartidas por medio de Facebook y portales informativos quedaron impresas en mis emociones.

Jóvenes con la cara destrozada, una vivienda destruida en cuyas paredes y pisos se observaba el horror de la agresión.

Una serie de hechos previos a las elecciones que se realizaron el 7 de junio marcó el proceso electoral nacional y estatal con una violencia que desde hace tiempo no veíamos, pero que ahora se ha hecho presente sin el menor pudor.

Queda claro que se ha hecho visible un tema que va más allá de esta contienda electoral y que nos está rebasando como votantes, pero sobre todo como ciudadanía: el estado de sitio que vivimos y el ataque sistemático a la población más joven y crítica de nuestro país.

No hace falta esforzarse mucho para darnos cuenta de que las y los estudiantes que cursan educación secundaria y bachillerato están siendo víctimas de desaparición forzada. Que quienes cursan la educación universitaria padecen de agresión constante.

Así como se presume que un hijo o hija ha ingresado a la universidad, también se temen las agresiones violentas de las que puedan ser víctimas.

Se vive en soledad el miedo colectivo. Las autoridades no ayudan, primero cuestionan con pocos elementos, retorcido sentido común, nulo tacto político y sin calidad humana. Lo que prevalece es la descalificación.

En este contexto, otro tipo de violencias y las acciones para combatirlas, se pierden de vista o, en el peor de los casos, se les considera de orden menor. Por ejemplo, desde hace algunos años se ha discutido la importancia de implementar la Alerta de Violencia de Género en diferentes puntos del país, así como en el estado de Veracruz. Lo anterior ante la brutal oleada que (también) han sufrido mujeres y niñas en México.

En algunas entidades, tales como Guanajuato y el Estado de México, se han hecho solicitudes a las autoridades correspondientes para que se emita la Alerta de Violencia de Género, pero no han prosperado. No está de más mencionar que dichas solicitudes se han integrado cuidadosamente cumpliendo todos los elementos que marca la ley.

Lo único que se ha logrado ha sido un vergonzoso bloqueo por parte de las autoridades, para dar curso a este mecanismo cuyo único objeto es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, detener la violencia en su contra, eliminar las situaciones de desigualdad y defender sus derechos humanos.

Se ha entendido de manera errónea lo que implica la Alerta de Violencia de Género y de manera lastimosa se ha politizado el asunto.

Sin embargo, uno de los resultados indirectos ha sido el enorme aprendizaje que han obtenido diversas activistas feministas. A partir de cada solicitud y de cada rechazo, se ha logrado comprender el trasfondo político y burocrático que subyace en la solicitud de este tipo de alerta. Es decir, más allá de lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevalece la cerrazón y el desconocimiento de la clase política, así como el servilismo burocrático.

En el caso del estado de Veracruz, ante la oleada de feminicidios, así como la intensificación de las agresiones de toda índole hacia niñas y mujeres de la entidad, existe también la inquietud de solicitar que se implemente dicha alerta.

¿Quiénes pueden solicitar la Alerta de Violencia de Género en nuestra entidad y quiénes pueden emitirla?

El reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta oficial el 26 de enero de 2010, en el artículo 66 señala que “la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género será emitida por la Secretaría de Gobierno del Estado… a solicitud del Instituto (Veracruzano de las Mujeres), de los Ayuntamientos (por acuerdo de Cabildo), de los organismos de derechos humanos o de organismo de la sociedad civil”.

De hecho, hace unos días se conoció la solicitud hecha por un equipo de abogados en representación legal de la titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río.

Asimismo, un grupo de abogadas feministas veracruzanas que forman parte de organizaciones de la sociedad civil, anunció desde hace varias semanas que se encuentran elaborando una solicitud que permita la implementación de la Alerta de Violencia de Género.

Llamó mi atención que los comentarios en tono a esa información se enfocaran más en la “rapidez” de unas y la “lentitud” de otras. Como si esto se tratara de un asunto banal y no legal. Como si esto no se tratara de la vida y seguridad de las veracruzanas. Como si la construcción de una solicitud de este tipo se tratara de restar más que de sumar.

La división existente en la sociedad civil permite que con mayor frecuencia veamos a jóvenes agredidas, asesinadas, que ello siga siendo un “asunto menor” y sin solución.

Desde este espacio, quienes escribimos Mujeres Que Saben Latín nos pronunciamos a favor de la Alerta de Violencia de Género para el estado de Veracruz. A seis meses del inicio de 2015, casi medio centenar de mujeres han sido víctimas de feminicidio en nuestra entidad. Ese es el tema que importa. Es lo que debemos frenar.