¿Escuadrones de la muerte?

Édgar Ávila Pérez *

Mar Abierto

La Caja de Pandora se abrió en Veracruz

El horror de la guerra entre cárteles de la droga y la lucha que emprendió el Estado (el conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida en sociedad) comenzó a salir a flote en los últimos meses.

Pocos logran entender la aparición de las fosas clandestinas ubicadas a lo largo y ancho del territorio veracruzano, no sólo en el actual gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, sino en todo el sexenio del tristemente célebre Javier Duarte de Ochoa, en éste último donde se dio una lucha sin cuartel, sin escrúpulos y sin el mayor acato a la ley contra las bandas criminales y sus integrantes.

Es francamente poco creíble que nadie se haya dado cuenta de las 257 fosas clandestinas o “inhumaciones ilegales” que se abrieron en la tierra veracruzana del 2011 al 2016, el sexenio duartista que intentó a toda costa expulsar a Los Zetas.

Las cifras oficiales obtenidas por vía de la transparencia en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en las Fiscalías Coordinadoras Especializadas, en las Fiscalías Regionales y en la Dirección del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General del Estado, dan cuenta de lo ocurrido.

Las autoridades ministeriales localizaron la escalofriante cifra de 23 mil 157 restos humanos, es decir desde pequeños fragmentos de hueso, cráneos, hasta partes enteras del cuerpo.

Los peritos de la Dirección de Periciales de la Fiscalía y elementos de la Policía Científica del gobierno federal, quienes realizan de manera conjunta los trabajos de identificación de cuerpos, lograron descubrir que los más de 23 mil restos hallados en las tumbas ilegales pertenecían a 213 cuerpos.

De los 213 cuerpos encontrados en las “inhumaciones ilegales”, las autoridades sólo han logrado identificar a 109 y entregarlos a sus familiares; los demás ha sido imposible por los restos tan pequeños que se hallaron debido a que muchos fueron triturados, pero también al desgaste y la rapiña animal.

Durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa  un total de cinco mil 785 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales dos mil 340 siguen sin regresar a sus hogares y la cifra sigue en aumento.

Ahora resulta que nadie sabe cómo ocurrió tal tragedia.

En abril de 1988, el diario español El País, dio cuenta del informe Colombia: una crisis de derechos humanos, de la organización Amnistía Internacional (Al), en el que se estableció una relación directa entre el Ejército y los asesinatos de los más de 140 escuadrones de la muerte, según cifra del Gobierno de Bogotá.

“Existen convincentes pruebas de que las fuerzas armadas colombianas han adoptado una política de terror para intimidar y eliminar a la oposición sin valerse de procedimientos legales”, resumió el informe.

La guerra contra los carteles de la droga en Colombia fue brutal y al paso de los años se descubrió que el Estado había decidido combatirlos de manera ilegal con la conformación de Escuadrones de la Muerte, donde participaban oficiales estatales, ejército y marina altamente entrenados.

“Las fuerzas armadas”, reportó el informe difundido por El País, “son responsables de violaciones brutales de los derechos humanos, incluyendo la mayoría de los asesinatos políticos y desapariciones atribuidos a escuadrones de la muerte”.

Según el documento, el Gobierno achacó la mayoría de los más de mil asesinatos políticos de 1987 a escuadrones de la muerte; sin embargo, “el estudio de cientos de casos muestra que los asesinatos y desapariciones atribuidos a los escuadrones fueron perpetrados por personal policial y militar y sus auxiliares civiles”, insistió Amnistía Internacional.

Quienes estuvieron en el círculo interno de Javier Duarte saben perfectamente cómo se combatió al crimen organizado y conocen quiénes y cómo participaron en la masacre que se convirtió en una política fallida de seguridad.

¿Será el momento de investigar a grupos de personas altamente entrenadas, incluso en Estados Unidos, que recorrían en camionetas particulares las zonas donde se iniciaba una limpia? ¿Será el momento de indagar si realmente existió una política de Estado para combatir lo ilegal con la ilegalidad? ¿Será momento de revisar la participación de fuerzas policiacas y navales en posibles Escuadrones de la Muerte?

Sólo son preguntas.

A ver si es cierto que aquel que dice que combatirá lo ilegal que se dio en el pasado se avienta el tiro de indagar una posible política de Estado de tal magnitud.

*Es corresponsal regional (Veracruz-Puebla) del diario El Universal-México y colaborador en Veracruz de la Agencia EFE-España