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    SPI Veracruz

     

    La especialista en derecho ambiental de la Universidad Veracruzana (UV), Tania García consideró que México y otros países no se encuentran en su mejor momento en la aplicación de las políticas públicas de protección ambiental.

    Por el contrario, dijo que se vive un momento de confusión, como lo demostró el gobierno de los Estados Unidos de América al retirarse de la Cumbre de cambio climático en París.

    “Por desgracia la mayor parte del territorio nacional se encuentra fuera de estos instrumentos y en donde existen no llegan a buen término, no siempre terminan siendo instrumentos obligatorios y con la suficiente fuerza para que sean respetados”, afirmó.

    Y es que el tema ambiental, explicó la especialista, no es sólo de México, es un tema universal; avances o no avances que realicen los países del mundo se verán reflejados en todas las naciones del globo terráqueo.

    Destacó que México cuenta con varias políticas públicas dirigidas a la conservación y manejo de la biodiversidad en las zonas rurales del país tales como declaraciones de áreas naturales protegidas (ANP), Unidades de Manejo Ambiental (UMA), así como los ordenamientos ecológicos locales.

    “En México existen instrumentos regulatorios, económicos, indirectos, que en la teoría funcionan muy bien como el ordenamiento ecológico del territorio (OET), manejos integrales de cuenca, establecimiento de corredores biológicos, además de iniciativas locales de reservas comunitarias y privadas, entre otros”.

    La investigadora García manifestó que las políticas ambientales es un tema que México debería tener claro ya, pues calificó como “grave” el hecho de que en zonas verdaderamente vulnerables como son las costas federales, manglares, bosques y selvas, no cuenten con un instrumento regulatorio y de protección.

    “Las costas además de ser muy importantes desde el punto de vista ambiental y muy vulnerables a los efectos del cambio climático, carecen de protección, es imperiosa su regulación; en Veracruz, sus manglares que no son protegidos como se debe, que, si hubiera un ordenamiento ecológico, ayudaría a su no devastación”, manifestó.

    En el libro: Capital Natural de México, Evolución y perspectivas de las políticas ambientales y sus instrumentos”,  se expone que en conjunto los ordenamientos ecológicos regionales, estatales, marinos y locales abarcan más de 28 millones de hectáreas que cuentan con una regulación técnica en el país.

    “Estas cifras representan casi la cuarte parte del territorio nacional y comprenden las zonas de mayor impacto ecológico”, cita el documento.

    Igualmente, el libro expone con datos de la Semarnat en el año 2008 que, entre el ámbito federal, estatal y municipal se tenía un registro de 44 OET decretados y en proceso de elaboración cuatro OET locales, ocho regionales en un estado y cinco regionales en más de un estado”.

    Los estados son: Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Quinta Roo, Veracruz y Yucatán.

    La experta en derecho ambiental, lamentó que existan campañas mundiales en contra del cuidado ambiental que va desde la ideología política, posturas radicales de negar e incluso minimizar los problemas ambientales. “Esto hace que no esté de moda hablar de los temas ambientales. Anteponer el tema económico sobre lo ambiental son ideologías ligadas a la extrema derecha y, por lo tanto, minimizan la protección ambiental”, afirmó.

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