Defender el estado Laico

Yadira Hidalgo González

Mujeres que Saben Latín

México es estado laico desde 1860, lo que quiere decir que en este país debe existir una clara separación entre la iglesia y el estado, sin que esta separación les convierta en antagónicos o enemigos.

En teoría ni el poder público debe someterse a la religión, ni el poder religioso debe intentar jugar el papel del gobierno. En un estado laico, las leyes civiles valen igual para todas las personas, sin que importen las creencias o el rol que desempeñe cada persona en una organización eclesiástica. Ninguna entidad religiosa debe de ser privilegiada sobre las demás y ninguna debe discriminarse. Se respeta la pluralidad de creencias religiosas y al mismo tiempo, se respeta a la población agnóstica o atea.

Idealmente, así es como debería funcionar el estado laico.

Fue el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien a principios de la década de los 90 del siglo pasado, comenzó a restablecer contacto con el vaticano con la finalidad de mejorar su imagen, luego del polémico triunfo que le dio la presidencia en las elecciones de 1988. No conforme con el acercamiento, Salinas de Gortari promovió una reforma a la constitución para otorgar personalidad jurídica a las iglesias y permitir que los ministros de culto pudieran votar.

Esa fue la puerta que dejó abierta y que el Partido Acción Nacional, que se define como demócrata cristiano y cuyas ideas comulgan con la de organizaciones políticas de la derecha internacional, aprovechó ampliamente durante los doce años que permaneció en la silla presidencial, para reforzar el poder político de la iglesia católica y convertirla en un poder fáctico que busca abiertamente acabar con el estado laico mexicano y establecer un estado confesional.

Prueba de ello es la incursión sin reparo de los altos jerarcas religiosos en las discusiones de temas de repercusión social como los matrimonios entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental y el aborto. Temas en los que la iglesia y sus grupos afines, se sienten con toda la autoridad no sólo de opinar, sino de incidir y presionar a quienes deberían estar tomando las decisiones y legislando, bajo el precepto de laicidad que marca nuestra Carta Magna.

Hoy más que nunca, la defensa de los derechos humanos pasa por la defensa de la laicidad del estado; pues es lo único que nos garantiza la completa libertad ideológica y la sana separación entre los asuntos de la fe y los asuntos públicos.

Es preciso que sin aspavientos ni apasionamientos, mucho menos con discursos que fomentan el odio; la discriminación o los ataques personales o colectivos, seamos capaces de analizar, discutir y debatir, asuntos que conforman la realidad cotidiana en la que nos desenvolvemos socialmente. Centrar la discusión en el tema de los derechos humanos, con la conciencia plena de que no hay personas a medias, por lo que tampoco debe haber derechos a medias para algunas personas, es vital para reconocernos en nuestra ciudadanía.

En estos momentos, en los que se debaten temas como la iniciativa presentada ante el congreso que busca ampliar los derechos de las mujeres para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, es necesario también defender la laicidad del estado mexicano, pues se pretende vulnerar aprovechando la poca información que sobre ella tiene la o el ciudadano de a pie.

Por ello, hoy más que nunca, es de vital importancia ciudadana no olvidar que estado laico significa libertad.