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    Naldy Rodríguez

    Transparencia 3.0

    Para la SCJN la omisión del Congreso de la Unión de expedir una ley ha propiciado que “la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y niegue el acceso a esos recursos o simplemente se amenace con restringirlo a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno”.

    Se trata de la sentencia  por un amparo en revisión interpuesto por la Campaña Global por la Libertad de Expresión de Artículo 19, quienes advirtieron la falta de una ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución de México (en materia política-Electoral).

    Retomando jurisprudencia, la corte señaló que la falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno, constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión.

    Es lo que ocurre a nivel nacional, pero también en el estado de Veracruz. Es verdad: no es una obligación de los gobiernos canalizar recursos a las empresas periodísticas, pero “es evidente que los medios de comunicación necesitan ingresos económicos para poder operar y cumplir con la función antes descrita. En consecuencia, en la actualidad se hace más indispensable contar con recursos económicos para poder comunicar opiniones e información”, como han señalado los ministros.

    En el nuevo gobierno, la información es por amistad, no es un derecho que se garantice a todos por igual. Si no eres amigo de las autoridades en turno, incluyendo a la autónoma FGE (aunque sea de Facebook y Twitter) te restringen los datos oficiales que genera la administración pública, ya sea que los pidas vía transparencia o de forma directa al funcionario en cuestión.

    No les importa que de verdad ejerzas de manera profesional en medios de comunicación. No eres su amigo y punto, las puertas estás cerradas. No hay información. No insistas.

    Me pregunto si sería motivo de amparo, con eso de que todo mundo se ampara. De qué: de todo, casi, casi, si el compañero de junto sacó la lengua.

    ¿Cuál es la estrategia del actual gobierno? Hacer quebrar el mayor número de empresas periodísticas veracruzanas porque siempre dependieron de los convenios de la administración estatal y no diversificaron sus fuentes de ingreso.

    Pero el siguiente paso es crear nuevos portales digitales a los que sí inyectarán recursos públicos porque serán afines a su causa. Si no me cree, espere unos meses y volvemos a platicar.

    Es cierto que muchos medios de comunicación son o eran (porque varios de ellos han cerrado) de militantes o simpatizantes del PRI, pero repetir los errores de los priistas y de los gobiernos anteriores, no nos llevará a una pluralidad de ideas, menos a garantizar el Derecho a la información en sus tres vertientes ni se contribuirá a consolidar la incipiente democracia veracruzana.

    Lo que se requiere son reglas claras, costos razonables y justos, un piso parejo y dejar fuera las amenazas veladas por parte de ambos bandos: autoridades y medios… solo así podrá ganar la ciudadanía.

    Twitter @ydlan

    Transparencia3.0@hotmail.com

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