Policías municipales, un riesgo

Naldy Rodríguez

Transparencia 3.0

No soy especialista en seguridad, ni siquiera analista en el tema; pero sí consulté a expertos sobre el regreso de las policías municipales en 23 ayuntamientos. Me sorprendió que me dijeran lo que ya pensaba: que el ente de seguridad más vulnerable es la policía municipal. Más fácil de corromper, menor preparación y con pocas herramientas para denfenderse.

Por eso, la intención del Mando Único era corregir esa pulverización de fuerza, organización y capacidades, me dicen quienes sí saben.

Imagínense a un enviado del Mencho (líder del cártel de Jalisco Nueva Generación que es casi un desconocido) llegar a la oficina del alcalde de un municipio pequeño, rural, pero con alta incidencia delictiva como Acayucan o Pánuco. ¿Qué imaginan que le pueda responder el alcalde?

En el mejor de los casos, pensemos que se trata de un funcionario extraordinario, pediría el apoyo del estado y éste a la federación; pero en el peor de los escenarios se corre el riesgo de dejar en charola de plata la plaza a algún cartel.

Es algo de sentido común, no se ocupa ser físico o asesor de seguridad, para suponer que mientras más capacidades tengan las corporaciones podrán responder mejor. Esperemos que realmente mejore la coordinación con el estado y la federación. Y como prevé el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares vengan a reforzar la vigilancia y acciones preventivas en los municipios.

Opaca Ley de Seguridad Interna

La Ley de Seguridad Interna, que pretende aprobarse en el Congreso de la Unión violenta la ley de Transparencia y la Constitución. En otras palabras, pretende ocultar todas las acciones que de ella se deriven, pues se clasificaría como información “reservada”. Muy grave desde mi humilde opinión.

El artículo 9 de la iniciativa en estudio establece que “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de seguridad nacional”. Y de acuerdo a la Ley de Transparencia, la información reservada será aquella que “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”.

La Constitución Mexicana, en su artículo 6, consagra la Libertad de Expresión y el Derecho de Acceso a la Información Pública, por eso decimos que es inconstitucional y va en detrimento del avance que se tiene en la materia y que tanto trabajo ha costado.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los miembros de las fuerzas armadas han sido acusados y señalados ante organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales de detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Entre los casos más polémicos y críticos se encuentra el de Tlatlaya, Estado de México, donde militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega, el 30 de junio de 2014.

Aunque finalmente, el INAI tuvo que ordenar tanto a la CNDH como a la PGR revelar el informe del caso Tlatlaya, lo hizo después de un largo camino y tras la resolución de un juez de distrito que les ordenó emitir una nueva resolución sobre la reserva por dos años en el caso de dicha investigación.

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