Ambos grupos ambientales denunciaron que con esta ley se crea la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), donde serán colocados personajes afines a interés gubernamentales y empresariales.
Aseveraron que la Agencia supuso un debilitamiento y fragmentación de una política ambiental con serias deficiencias para proteger a la población y los ecosistemas frente a proyectos como los de hidrocarburos.
La Agencia no respondió a la limitada autonomía de las instituciones a cargo de la misma y tampoco fortaleció el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, proyectos que representan riesgo el medio ambiente y los derechos humanos.
La Agencia promovida por la Senadora Ninfa Salinas significó concentrar en una sola instancia la generación de regulación ambiental, la autorización de los permisos en la materia y las tareas de inspección, investigación y sanción de las irregularidades, lo que pone en riesgo su objetividad al ser juez y parte de los diferentes procesos.
Asimismo, este organismo concentra la entrega de toda una serie de permisos que necesitan las empresas para poder operar los proyectos, los cuales antes estaban en diferentes instancias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Es decir, se configura como una ventanilla única que puede servir para facilitar y acelerar la obtención de estos permisos, favoreciendo a los proyectos de gas y petróleo.
También critican el hecho de que el titular de esta Agencia sea nombrado y removido por el presidente de la República, lo cual le resta autonomía en decisiones y puede sujetar sus acciones a motivaciones que no se enmarquen en la protección de los ecosistemas y las personas que dependen de ellos.
Justamente en relación con este último punto es que se impulsa desde el PVEM, con el apoyo del PRI y del PAN, una reforma a la Ley de la Agencia la cual en teoría busca fortalecer la autonomía de la misma.
Sin embargo, en un contexto de fin de sexenio, surgen serias preocupaciones sobre los verdaderos fines y alcances de esta reforma:
La reforma plantea la creación de un Órgano de Gobierno de la Agencia, conformado por vocales, quienes serán elegidos de manera directa por el presidente de la República, que también definirá quién lo presidirá.
Este órgano quedaría conformado en el actual sexenio, lo que implicaría que el presidente Enrique Peña Nieto nombrase a los vocales, los cuales estarán en funciones durante el próximo sexenio, y al Director Ejecutivo de la Agencia, quien estaría en el cargo hasta 2023.
De esta manera, la actual administración se aseguraría que personas cercanas a sus intereses puedan quedar en estos puestos clave y, así, impulsar la continuidad de la Reforma Energética por encima de consideraciones ambientales y sociales.
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