Felipe de Jesús Fernández Basilio
Desde A Janela
El Presidente de la República en los últimos días ha hecho varias declaraciones en las que ha dado a entender que durante su administración la impunidad campeará como nunca antes se había visto, lo cual en un país en el que la impunidad siempre ha reinado ya es mucho decir.
Tomemos tres ejemplos para ilustrar lo que se dijo en líneas anteriores: por una parte, anunció con bombo y platillo que la guerra contra el narcotráfico había terminado, también dijo que no iba a despejar las vías de ferrocarril secuestradas por unos supuestos maestros, aunque yo los llamaría facinerosos, de la CNTE y por último dijo que no iba a perseguir a quienes son del pueblo llano que por necesidad robaban combustible.
Si tuviera la intensión de criticar por criticar lo dicho por López, bien pudiera decir que incumple una función primordial del gobernante ya que omite deliberadamente el cumplimiento de una de las obligaciones que tiene como gobernante, quizá la principal, que es garantizar la seguridad y el estado de derecho en el país; ya que si ambos son garantizados el gobierno propiciaría el crecimiento económico, cultural y social de la nación.
Siendo ese argumento bastante interesante pero que caería en el juego de quienes piensan que el Presidente es el Soberano y que imparte justicia tal y como lo hacía el Rey en la época novohispana decidiendo quien es criminal y quien no lo es.
Sin embargo nuestro Estado ha evolucionado y aunque muchos de ellos no se quieran dar cuenta, las cosas no deben de ser así por mandato constitucional, ya que la Carta Magna que está próxima a cumplir un aniversario dispone que hay una división de poderes y facultades, quedando únicamente en manos del Ejecutivo de la Unión la obligación, nótese no la voluntad, de apoyar a las autoridades legalmente competentes para llevar ante la justicia a quienes tengan que ser procesados y en su caso hacer cumplir las sentencias dictadas.
Así es queridos lectores, la constitución dispone que son otras las autoridades legalmente competentes para determinar quiénes son probables responsables de la comisión de delitos y en su caso para resolver si son culpables o no de la comisión de esos ilícitos y el Presidente solo tiene la obligación de hacer cumplir por medio de la fuerza pública los mandatos de esas autoridades.
Ya que de acuerdo a nuestra norma suprema corresponde a la Fiscalía General de la República el atender toda denuncia interpuesta por autoridades o particulares en la que se dé aviso de la probable comisión de un delito del orden federal, como lo son todos los tratados en esta columna, obligación que dicha fiscalía debe de cumplir conduciendo la investigación correspondiente en los términos y plazos otorgados por la ley de la materia para decidir si se persigue o no penalmente a quien es señalado de haber cometido el ilícito, fundando y motivando tanto si procede judicialmente contra él como si no lo hace.
Mientras que al Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver escuchando previamente a las partes si el acusado es hallado o no culpable, así como garantizar la constitucionalidad del proceso y de la sentencia emitida.
Así que de acuerdo a nuestra constitución quien tiene una papa caliente en sus manos es el recién nombrado Fiscal General de la República ya que es quien tendrá que afrontar la situación y demostrar que no es un fiscal sumiso ni “carnal” como coloquialmente se le dice y para hacerlo tiene que defender las atribuciones y obligaciones de su recién estrenado órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, es decir no dependiente del inquilino de Palacio Nacional, no solo marcando un alto a las declaraciones del Presidente de la República en esa materia sino que también aplicando la ley de acuerdo a su mandato constitucional.
Y es que el del problema aquí y ahora es el Fiscal General de la República, ya que de momento el Poder Judicial depende de las investigaciones que sean puestas en su conocimiento mas si el fiscal es omiso en sus obligaciones por someterse a quien no es su jefe, poco podrá hacer.
Mientras vemos si el Fiscal es realmente independiente o es un empleado más del Ejecutivo, nos quedamos con que todas y cada una de las declaraciones de López mencionadas en este espacio son absolutamente inconstitucionales ya que por mandato de la Norma Suprema carece de facultades para expresarse como lo hizo ya que él no tiene atribuciones para determinar la política criminal en el país y con su actuar lo que hace es revivir descaradamente los vicios e inercias del autoritarismo mexicano de los siglos XIX y XX.
Twitter: @FelipeFBasilio
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