México violador

Claudia Constantino
Las Crónicas del 2012

No hay país en el que se violen más los derechos humanos de los migrantes que en México, concluye una investigación de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), en la cual se advierte que las fuerzas policiacas son las principales transgresoras. Los albergues y ayuda humanitaria para indocumentados, insuficientes y permanentemente amenazados hasta por el crimen organizado. Defensores de estos migrantes teniendo que salir del país ante recurrentes amenazas contra su vida completan este resultado.
            De acuerdo con el estudio, los más afectados por las extorsiones de los agentes son los migrantes de Centroamérica, a quienes los policías mexicanos discriminan “a partir del color de su piel y de sus rasgos indígenas.“Somos campeones mundiales en número de violaciones a las garantías básicas. No hay otro país donde haya habido más muertes de migrantes internacionales que en México. Este triste campeonato global lo hemos ganado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón”, afirmó Jorge Bustamante, ex relator de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes.
El también fundador del Colef, lamentó que México sea la nación donde “ocurre el mayor número de atropellos a las garantías básicas de los migrantes en su camino hacia Estados Unidos. El abuso de poder de los policías mexicanos los lleva a extorsionar a los migrantes”. Dichos abusos han sido continuamente denunciados por Alejandro Solalinde, fundador del albergue “hermanos en el camino” volviéndose incómodo. “Cada vez son más los laicos que se suman a la humanitaria labor de brindar ayuda a estas personas en desgracia y sin embargo son apabullados por el clero y amedrentados por los criminales que comúnmente abusan de los migrantes”.
El informe del Colef, realizado a partir de entrevistas con indocumentados en las principales ciudades del norte de México, subraya la corrupción policiaca en detrimento de dichos derechos de los migrantes, lo cual se agravó luego de que el gobierno mexicano no atendió con prontitud ese fenómeno, a pesar de las continuas denuncias de organizaciones civiles y particulares. Advierte que sigue pendiente “un gesto de responsabilidad” por dicha omisión.
Las evidencias contradicen el discurso del gobierno mexicano cuando otorga responsabilidad exclusivade la violación a los derechos humanos de los indocumentados, al crimen organizado, ya que si bien está probado que los secuestra, extorsiona y asesina, estos grupos no son los únicos.“Con este discurso exculpa a quienes tienen responsabilidad por parte del Estado mexicano, representado por sus policías, de violentar las garantías básicas. Se trata de oficiales facultados para usar la fuerza, lo cual, de acuerdo con la CNDH, ha sido factor importante en el número de violaciones a los derechos de los migrantes.”
Otros investigadores y organizaciones no gubernamentales enfatizan que las extorsiones y maltratos deben tener consecuencias para los responsables, a partir de reconocerlos como factores relevantes en este proceso, el cual desvirtúa el papel para el que fueron contratados.
Remover a un sacerdote que se ha desempeñado como un factor de incomodidad para grupos delincuenciales, pero también para corporaciones policiacas de distintos niveles y para autoridades políticas, acrecienta el descrédito sufrido en los últimos años por la iglesia católica; ratifica su indolencia, en el mejor de los casos, o su hostilidad, en el peor, hacia aquellos de sus integrantes que asumen la defensa de los sectores desprotegidos, la opción preferencial por los pobres y la búsqueda de la paz como los ejes de su trabajo pastoral, y se presenta como una instancia más del divorcio existente entre las élites del país –políticas, económicas y religiosas– y una realidad nacional lacerante.
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