Destacado

    José Luis Ortega Vidal
    Claroscuros

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    El gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció el lunes 03 de septiembre la canalización de 80 millones de pesos para concluir la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana.
    Al mismo tiempo Nicolás Ruiz Rosette, Síndico de Minatitlán, dio a conocer el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ordena al Ayuntamiento sureño pagar 80 millones de pesos a la empresa Comunicaciones Cibernéticas S.A. de C.V.

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    HAY DE 80S A 80S.
    Ochenta millones de pesos sirven para la edificación de 160 aulas educativas.
    O para construir 80 kilómetros de pavimento en zonas urbanas o rurales.
    También se pueden emplear en la adquisición de material clínico y la contratación de personal que trabaje durante un trienio en un Hospital Público.
    Con esa cantidad de dinero se pueden hacer puentes que conecten a zonas marginadas con el desarrollo y el progreso.
    En fin.
    Por otra parte, ochenta millones de pesos son suficientes para comprar una senaduría y diecisiete diputaciones federales.
    Alcanzan para mandar a la familia a recorrer el mundo con boletos de avión en primera clase.
    Más aún: adquiridas la senaduría y las 17 diputaciones federales, sobra dinero para incluir a las mascotas de la familia en el viaje por el planeta entero, tomarles fotos y subirlas a Facebook.
    Ese dinero también es suficiente para adquirir impunidad, complicidades y perfume de cinismo.

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    Nomás hay que tomar la decisión y poner a trabajar los ochenta millones de pesos.

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    «Señor Rector, le informo que el día de mañana tiene 80 millones de pesos del estado en la cuenta correspondiente de la UV para la culminación de una obra emblemática que es orgullo de la Universidad y de toda la sociedad veracruzana».
    Estas fueron las palabras que Javier Duarte de Ochoa pronunció ante Raúl Arias Lovillo, en el marco del tercer informe de labores de la máxima autoridad en la UV.

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    “No se les ha pagado y no se piensa pagar nada”.
    Esta fue la afirmación del Síndico Nicolás Ruiz Rosette ante los reporteros que lo entrevistaron tras conocerse el fallo judicial contra el Ayuntamiento de Minatitlán.
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    Dado que este asunto tiene un rostro judicial pero también tiene un rostro político, bien vale la pena que Javier Duarte de Ochoa se entere de lo que está sucediendo al Sur del territorio que gobierna.
    LA HISTORIA
    El contrato entre la empresa Comunicaciones Cibernéticas S.A. de C.V. y el Ayuntamiento de Minatitlán se firmó durante el trienio 2004-2007, bajo el gobierno del Alcalde Raúl Morales Cadena.
    Cibernética es una empresa propiedad de Julio Aldana Prieto y en el proyecto signado se especificó que la empresa daría un manejo eficiente, sustentable y ecológico a la basura y los desechos diarios de la ciudad de Minatitlán.
    Para ello, recibió el apoyo ventajoso de usar los camiones recolectores y a los trabajadores del departamento de Limpia Pública del Ayuntamiento.
    También, le fueron asignados 2 millones de pesos mensuales como pago por sus servicios, de parte de la tesorería municipal.
    A ello se sumó el cobro por la recolección de basura, que la empresa Cibernética hacía a los ciudadanos, bajo la norma de que a falta de pago la recolección de basura no se realizaba en el domicilio del “infractor”.
    El proyecto contempló la creación de un centro de reciclaje de basura y el manejo final de ésta por parte de la empresa privada.
    Nunca se creó nada.
    Cibernética utilizó el basurero municipal a cielo abierto ubicado en el predio “Las Matas”, a un costado de la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos.
    Resulta obvio que el Alcalde Raúl Morales Cadena violó la Ley del Municipio Libre del Estado de Veracruz que incluye entre las obligaciones de un Ayuntamiento, el prestar servicios básicos en forma gratuita a la población.
    Entre los servicios básicos se incluye el de la limpia que debe entenderse desde la perspectiva del saneamiento, es decir de la salud pública.
    También resulta claro que el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo –con sede en Coatzacoalcos- parte de un error al reclamar el pago de 80 millones de pesos en beneficio de una empresa que nunca realizó inversión alguna, no cumplió con la parte del proyecto convenido e impulsó un contrato leonino del que se ha valido para obtener más utilidad de la que logró desde el inicio y en forma injusta.
    No fueron las autoridades actuales ni la población de Minatitlán quienes hicieron el contrato con Comunicaciones Cibernéticas.
    La firma provino de Raúl Morales Cadena, a la sazón Alcalde y apoderado legal del Ayuntamiento que representa al municipio de Minatitlán; eso es cierto.
    Pero lo hizo violando la Ley y por tanto estamos ante un argumento que puede anular la validez de ese contrato y del pago que ordena el Tribunal de lo Contencioso.
    Desde esta perspectiva, es a Raúl Morales Cadena a quien Cibernética debe reclamar el pago de los 80 millones de pesos y no al pueblo de Minatitlán.
    Ahora bien, desde el punto de vista político la sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana es parte de esta historia porque Julio Aldana Prieto es hermano de Ricardo Aldana Prieto, ex tesorero del comité nacional del STPRM y actual coordinador de la bancada priista de diputados federales veracruzanos en la LXII Legislatura.
    Las influencias de los Aldana Prieto surgen y se operan a través del sindicato petrolero.
    Lo quieran negar o decidan guardar silencio al respecto, no exime a los petroleros de este exceso.
    El Ayuntamiento actual de Minatitlán inició el trienio con una deuda de 69 millones de pesos heredada de administraciones anteriores, en particular de la alcaldesa Guadalupe Porras David.
    Durante el último año de su gestión, Porras David solicitó un préstamo de 70 millones de pesos a Banobras para la construcción del puente entre Minatitlán y la población de Capoacán.
    El hoy diputado federal Noé Hernández González, era Síndico cuando se pidió aquel dinero a Banobras.
    Junto a un grupo de regidores, el hoy legislador federal se opuso al préstamo para el puente a Capoacán y el recurso de Banobras no llegó.
    La deuda del Ayuntamiento de Minatitlán pudo haber sido de 139 millones de pesos, pero sólo quedó en los 69 que se debían por diversos conceptos.
    El actual Presidente, Leopoldo Torres, ha rechazado cualquier endeudamiento desde el inicio de su trienio.
    Las autoridades minatitlecas llevan un año con nueve meses pagando la deuda que heredaron.
    En este contexto, les acaba de llegar el cobro de Cibernética por 80 millones de pesos.
    ¿En qué parará este enredo, si Noé Hernández González y Leopoldo Torres son petroleros?
    Noé Hernández González es coordinado por Ricardo Aldana Prieto.
    Ricardo es hermano de Julio, dueño de Cibernética: la empresa que le cobra 80 millones de pesos al municipio natal del diputado federal Noé Hernández.
    El jefe político de Noé Hernández es Jorge Wade, líder moral de la Sección 10 del STPRM.
    Ricardo Aldana es gente de toda la confianza de Carlos Romero Deschamps, el líder nacional del sindicato petrolero.
    ¿Cómo decirle que no a Julio Aldana?
    ¿De dónde sacar el dinero para pagarle?
    ¿Cómo pagarle sin perder bonos políticos con la sociedad de Minatitlán?
    Esto parece una telenovela e invita a la risa…
    De no ser porque hay tanto dinero del pueblo de Minatitlán en riesgo de perderse.

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