Felipe de Jesús Fernández Basilio
Desde a Janela
Terminó abril con la ejecución sumarísima de tres personas en la localidad de Playa Santa en el municipio de Las Choapas en el estado de Veracruz; noticia que de por sí es espeluznante pero que, si la ponemos en contexto con todo lo que acontece en el país y en ese municipio en particular, el horror se incrementa.
Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: Siete personas del municipio de Jalapa, Tabasco fueron a visitar unas cascadas que se encuentran cercanas a la congregación de Playa Santa en el municipio de Las Choapas, Veracruz y una vez que llegaron al lugar contrataron a un menor de edad que se ofreció como guía para llevarlos al sitio que querían visitar mas al no regresar durante la tarde, los familiares del menor dieron aviso al agente municipal del lugar y la población se empezó a congregar para buscar al menor y dar caza a los que se los llevaron.
Siendo ubicados y capturados en las referidas cascadas para ser conducidos al pueblo en donde bajo la acusación de que son secuestradores, encierran a cuatro personas (una mujer y menores de edad) y amarran a tres varones a quienes unos supuestos policías comunitarios sin mayor trámite asesinan de un balazo en la cabeza.
Siendo esa noticia trágica por donde quiera que la veamos, ya que para los deudos de los asesinados se trata de un crimen que con toda seguridad quedará en la impunidad con todo el dolor que ello conlleva; ya que es bien sabido que nunca se persigue a los linchadores en ninguna parte del país y menos en un estado sin organización de ningún tipo como lo es Veracruz.
Para la zona en la que acontecieron los hechos también se trata de una tragedia, ya que Las Choapas es una verdadera tierra sin ley en la que en lo que va del siglo XXI las muertes causadas por homicidio en contra de niños y adolescentes representan un diez por ciento de las muertes violentas registradas en todo el estado en ese periodo; cifra que en sí misma es una barbaridad, ya que la población de ese municipio con sus poco más de 80 mil habitantes ni de lejos llega a esa proporción de la población veracruzana y por lo mismo es comprensible que vivan con pánico.
Para Veracruz como entidad federativa es un caso más del fracaso del Estado de derecho y de la incapacidad de su gobierno para imponer el orden, ya que la policía se limitó observar de lejos los hechos mas no hizo nada por controlar a la turba y ello es consecuencia del rotundo fracaso de un gobierno que simplemente no sabe siquiera cuáles son sus funciones y que probablemente el gobernador por enésima vez responsabilice al fiscal por lo sucedido, sin explicar él, por qué no se hace nada para prevenir estos hechos, ya que si bien la crisis viene de mucho tiempo antes, la obligación del gobierno es atenderla desde el momento en que inicia en sus funciones y más cuando es tan notoria como la tragedia constante que se vive en el sur del estado.
Para el país éste representa un caso más en los que cotidianamente la gente se hace justicia por su propia mano, lo cual es violatorio de la constitución pero que a pesar de ello sucede; así como también acontece en casi todos los ámbitos en los que debe de aplicarse la ley, ya que ésta nunca se aplica y por lo que vemos tampoco se aplicará en los próximos seis años.
Mas es verdaderamente grave que alguien sea asesinado sin ser puesto a disposición de las autoridades competentes para que resuelvan su situación legal, ya que esa es muestra de la barbarie que todavía impera en México y la que hace que sea imposible el ser reconocidos como un país en vías de desarrollo, ya que sin estado de derecho y la consecuente seguridad jurídica que éste otorga, es imposible que el Estado sea digno de ser respetado.
Así mismo es una abominación el que sea tolerada la existencia de las llamadas “guardias comunitarias”, ya que son grupos armados que no forman parte de la fuerza del Estado ni que tampoco existen en la Constitución ni mucho menos cuentan con una ley que rija su actuar y delimite sus competencias.
Teniendo como resultado un caso como éste en el que un grupo paramilitar que se ostenta como “guardia comunitaria” actúa como policía investigadora, aprehensora, juzgue, sentencie y ejecute a las personas que tenía en su poder, cuando legalmente lo único que legalmente podían hacer era detener en flagrancia a los sospechosos y ponerlos a disposición de la autoridad competente, es decir la policía estatal.
Twitter: @FelipeFBasilio
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