Dos años

Luis Alberto Romero

Hora Cero

Poco antes de que Eduardo Andrade Sánchez, asesor jurídico de la oficina del gobernador Javier Duarte, acudiera a la Legislatura del Estado para entregar la iniciativa de reforma político-electoral para la entidad, el secretario de gobierno, Erick Lagos Hernández, lanzaba uno de los anuncios más esperados y más temidos por una parte de la clase política local, que el periodo del próximo gobernador tendrá una duración de dos años.

Aunque para adaptar la ley veracruzana a la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión se requería homologar cualquiera de las tres elecciones locales con un proceso federal, el ejecutivo de la entidad propuso que sea la votación para gobernador la que se desarrolle el mismo día que la elección para presidente de la República en 2018; ello obliga a una gubernatura de transición que sólo se mantendrá por un periodo de dos años. Igual ocurrirá con los próximos diputados.

Los cambios no se limitan a los periodos de gobernador y diputados; entre las modificaciones destacan los siguientes puntos: los partidos políticos deberán alcanzar el 3 por ciento de los votos para mantener el registro; los tiempos para las campañas se acortan significativamente: 60 días para los candidatos a gobernador y 30 para los aspirantes al Congreso local. Se incluye también la reelección de legisladores hasta por 4 periodos consecutivos.

A pesar de que las modificaciones que planteó el ejecutivo veracruzano van mucho más allá del periodo del próximo gobernador, esa fue, sin duda, la parte de la reforma que más impacto registró.

De aprobarse la propuesta –cuya votación será de mero trámite en la legislatura local debido a una abrumadora mayoría priísta–, literalmente, el próximo gobernador de la entidad bajará el brazo después de rendir protesta y de inmediato comenzará la carrera por la sucesión, porque a diez meses del inicio del periodo comenzará el proceso para el cambio.

Así, ante la perspectiva de una efímera gubernatura, las preguntas obligadas se relacionan, primero, con el o los destinatarios de esta parte de la reforma política; segundo, con quiénes estarían interesados en arriesgar su capital económico y político para participar en un proceso con muy poco que ganar.

En el primer punto, se habla de antemano de que la gubernatura de dos años representa un golpe a las aspiraciones del panista Miguel Angel Yunes Linares y de los dos senadores priístas veracruzanos, José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, quienes ya se pronunciaron contra esta iniciativa; y un intento por favorecer a quienes aparecerían como probables beneficiarios, el secretario de gobierno, Erick Lagos Hernández; el coordinador de Comunicación, Alberto Silva Ramos; y el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gerardo Buganza Salmerón, considerado uno de los más importantes activos del actual gobierno estatal en cuanto a resultados e imagen pública.

Hoy se antoja difícil la postulación de Yunes Zorrilla y poco probable la candidatura de Yunes Landa; por otra parte, con seguridad, otros nombres engrosarán la lista dentro y fuera del PRI. De algo no hay duda: para el gobierno estatal, una cosa será modificar la ley y acortar el periodo del próximo gobernador con una legislatura a modo; y otra diferente, ganar la elección constitucional en el caso de que los inconformes con este proceso decidan establecer un frente común. @luisromero85