Veracruz, de la pobreza a la ola de violencia

Luis Alberto Romero

Hora Cero

El pasado 23 de julio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer los índices de pobreza en nuestro país con datos actualizados a 2014. De acuerdo con esa medición, Veracruz fue de las entidades con peores números: 500 mil personas que en 2012 no eran pobres ahora lo son; y más de 200 mil se ubican hoy en la casilla de la pobreza extrema.
Si en 2012, esa condición afectaba al 52.6 por ciento de los veracruzanos, hoy faltan dos puntos porcentuales para llegar al 60 por ciento.
Por otro lado, el porcentaje de personas en pobreza extrema aumentó en casi 3 puntos para ubicarse en 17.2.
En la entidad se observa una verdadera tragedia en materia de pobreza y carencias sociales de la población. Aquí, 4 millones 634 mil habitantes son pobres.
De hecho, casi 25 por ciento de los nuevos pobres de todo el país viven en Veracruz, que junto con Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Chiapas concentra el mayor porcentaje de personas en condición paupérrima.
Si los números de Coneval resultaron preocupantes para la población de la entidad, los recientes hechos de violencia son igual de lamentables.
En un escenario nacional complejo, donde las estadísticas reflejan un repunte en el número de homicidios durante el primer semestre del presente año (para llegar a 8 mil 144), en los últimos días se ha visto en Veracruz un aumento en los casos de asesinatos y ejecuciones.
Sólo durante el pasado fin de semana, las notas policiacas de la prensa veracruzana consignan 12 asesinatos:
Cinco personas, todas asesinadas, fueron halladas en Las Bajadas, muy cerca de las instalaciones de la empresa Tenaris-Tamsa; los cuerpos estaban mutilados; dos, incluso, fueron decapitados.
En Yanga, zona centro de Veracruz, tres personas que se transportaban en un taxi, fueron ejecutadas la noche del sábado.
Ese mismo día, cuatro más fueron secuestras en Jilotepec, Almolonga, Tlacolulan y Emiliano Zapata, lugar, este último, donde se encontraron los cuerpos, también con huellas de tortura.
Todo eso, sin contar con el intento de robo que derivó en el homicidio de José Manuel Valencia Zárate, funcionario del ISSSTE que fue victimado en su domicilio de Veracruz; con el asesinato de un músico en la congregación Javier Rojo Gómez, municipio de Tlapacoyan; y con la muerte de una mesera en Puente Nacional, delitos – estos últimos tres– que podrían considerarse del orden del fuero común; no así los 12 de Veracruz, Yanga y la zona de Xalapa, donde hubo tortura y la presunción de la participación de la delincuencia organizada.
A estas alturas del quinto año de la presente administración estatal, esos dos temas –la pobreza y la ola de violencia– deberían estar dentro de la agenda prioritaria del gobierno de Javier Duarte. @luisromero85