Un trato justo a las trabajadoras domésticas

Anilú Ingram Vallines

Durante décadas, en nuestro país, ha existido un trato discriminatorio hacia las trabajadoras domésticas. De los 2.3 millones de personas que se dedican a esta actividad, ni siquiera 1 por ciento cuenta con las prestaciones de ley, tienen sueldos muy bajos y jornadas de trabajo de sol a sol.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, revela que 97 por ciento no tiene acceso a servicios médicos y viven múltiples discriminaciones; menos de 25% recibe aguinaldo y a menos del 10% le otorgan vacaciones con goce de sueldo.

Cuatro de cada cinco se emplean en el trabajo doméstico por razones de necesidad económica y por factores asociados a la marginación y la pobreza, por la falta de oportunidades.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS, 2011) estima que existe una concentración indígena en el sector llegando a aproximadamente 11 por ciento y documenta la explotación
laboral, discriminación y violencia dentro del lugar de trabajo en la que vive la mayoría.

La mayoría de ellas son mujeres, que empezaron a trabajar limpiando hogares siendo muy pequeñas, desde los 10 años de edad en promedio, por lo que en muchos casos no pudieron ni siquiera terminar su primaria.

Así, se genera un círculo vicioso para ellas y para sus hijos al no poder garantizarles una calidad de vida, con acceso gratuito a la salud y vivienda.

Y lo que es peor, como sociedad nos hemos hecho de la vista gorda, hemos simulado que es invisible su problemática y seguimos el mismo patrón de trato a quienes tanto nos ayudan en nuestros hogares.

Es urgente que se otorgue seguridad social a las personas dedicadas al trabajo doméstico, por eso, presenté una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social para que los empleadores cumplan con la ley; para que la jornada laboral no exceda las 8 horas, y, si es así, se les paguen horas extras, para que gocen de todas las prestaciones como cualquier trabajador formal.

Tenemos que garantizarles a ellas y a sus familias el pleno reconocimiento de los derechos que gozan y ponderar el aporte que hacen a la economía del país. Para esto es necesario que a la par del cambio legal que promovemos, se haga también uno cultural, para que en cada hogar donde laboran se les dé un trato justo, digno, equitativo.

Si nos sumamos todos, podremos hacer que en sus hogares también se dé el bienestar anhelado, que sus hijas e hijas puedan estudiar y tengan oportunidades que tal vez ellas no tuvieron; que su familia tenga acceso a una vida digna.

Es por ellas y por sus familias que tenemos que hacer estos cambios en nuestro sistema legal pero también en nuestra estructura como sociedad, para darles la certidumbre que requieren en sus propios hogares.

@AniluIngram